En la entrega pasada hablamos del reconocimiento del derecho constitucional al agua, incorporado al artículo 4° de la Constitución el 8 de febrero de 2012.
Aquella reforma fue histórica: reconoció el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible, y obligó al Congreso a expedir, en menos de 360 días, una Ley General de Aguas.
Han pasado 13 años desde entonces. El reloj constitucional se detuvo, la crisis hídrica creció y dicha obligación no se cumplió.
Recientemente, el Congreso de la Unión anunció y mandó la llegada de la Ley General de Aguas realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de una iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales. Dos normas que pueden sonar similares, pero responden a objetivos distintos del manejo del agua.
¿Qué propone la nueva Ley General de Aguas?
Esta ley busca establecer las bases, apoyos y modalidades para el acceso equitativo y sustentable al agua, así como definir las competencias de los tres órdenes de gobierno en la materia.
En palabras sencillas: busca que el derecho humano al agua no solo exista en el papel, sino también en la vida cotidiana.
Entre los puntos más relevantes, destaca que no se podrá cancelar completamente el servicio de agua potable ni el saneamiento por falta de pago. En cualquier caso, las autoridades deberán garantizar al menos una cantidad mínima destinada al consumo básico.
La ley también distribuye responsabilidades, por ejemplo:
- Federación: restaurar, conservar y proteger cuencas, ecosistemas y cuerpos de agua.
- Estados: prevenir y controlar la contaminación de las aguas bajo su jurisdicción.
- Municipios: garantizar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Otro aspecto importante es que se impulsa la captación de agua pluvial, un tema en el que México sigue rezagado a pesar de su potencial para enfrentar la escasez y las sequías.
¿Y qué pasa con la Ley de Aguas Nacionales?
Aunque está conectada con la anterior, su propósito es distinto: al ser reglamentaria del artículo 27 Constitucional, regula el aprovechamiento, uso y explotación del agua como recurso de la nación.
La propuesta de modificación presentada por el Ejecutivo federal incluye medidas clave, como:
- Mayor control sobre las concesiones, prohibiendo su venta o transferencia y priorizando siempre el consumo humano.
- La creación de un capítulo de delitos hídricos, que sancionará la extracción ilegal, el traslado no autorizado o el robo de agua.
- El fomento al uso de aguas residuales tratadas para reducir la presión sobre las fuentes naturales.
De los discursos al agua
Ambas propuestas representan un paso importante, pero no suficiente. La historia ya nos enseñó lo que pasa cuando el derecho se queda en el papel: el reconocimiento constitucional de 2012 tardó más de una década en encontrar su ley reglamentaria.
Hoy, la urgencia es otra: pasar de la norma a la acción. Sin embargo, no parece muy alentador el panorama, la discusión y votación de esta ley no incluye el impacto presupuestal en infraestructura en el presupuesto para el siguiente año, es decir, se quedará en una muy buena intención teórica.
De nada sirve una legislación si los sistemas de agua potable están colapsados, si no hay renovación y mantenimiento a la red hidráulica, zonas de recarga al acuífero o si, como sucede en muchos municipios, no hay presupuesto para llevar el agua a todas sus comunidades, el derecho humano al agua no llega por decreto.
Garantizar el derecho al agua no depende solo de leyes bien escritas, sino de inversión, coordinación y voluntad política sostenida. El agua no puede seguir siendo un tema de discurso cada temporada de lluvias o sequías: es la base de la salud, la economía y la vida misma.
Reconocer el derecho al agua fue un avance; cumplirlo, sigue siendo la deuda más urgente del país.
- * Secretario general de la Asociación Mexicana para la correcta Hidratación, AC