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A una década de la tortura que sufrieron por órdenes de Alfonso Esparza Ortiz, entonces rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), ocho ex estudiantes exigieron justicia y la reapertura de la investigación sobre los hechos que, hasta hoy, permanecen impunes.
En rueda de prensa, José Fidel Sánchez Juárez, uno de los afectados, recordó que la noche del 8 de febrero de 2015, durante el gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle, él y sus compañeros fueron víctimas de tortura, secuestro y amenazas de muerte por parte de la Policía Estatal de Puebla. Su único “delito”, dijo, fue manifestarse en defensa de la educación pública.
“A mí, personalmente, me dejó muchas lesiones psicológicas fuertes y todavía tengo productos de la represión directa”, declaró. “Ver caminar tranquilamente a quien realizó la represión, me hizo volver a pedir una investigación contra el exrector de la BUAP”.
En días recientes, Alfonso Esparza regresó a la vida pública a pesar de las acusaciones e investigaciones en su contra. El 8 de febrero de 2015, ordenó el desalojo de un plantón de estudiantes que fueron golpeados.
Los ex estudiantes denunciaron que, a pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue archivado en la Fiscalía General del Estado (FGE), sin avances significativos. Según explicaron, la administración de Moreno Valle cerró la investigación, lo que ha impedido que se haga justicia.
Además de la represión, acusan a Esparza Ortiz de presuntos actos de corrupción durante su gestión, entre los que destacan:
•Malversación de 7 millones de pesos mediante facturación falsa.
•Uso del equipo Lobos BUAP para lavado de dinero.
•Implementación de contratos simulados.
•Hostigamiento contra voces críticas dentro de la universidad.
Ante esta situación, los afectados demandaron la reapertura del expediente y una auditoría que esclarezca los hechos. “No podemos permitir que regrese”, advirtió Sánchez Juárez, refiriéndose al ex rector. “Esto no puede ser, eso sí es intolerable”.
Los ex estudiantes hicieron un llamado a las autoridades para que el caso no quede en el olvido y se castigue a los responsables de lo que calificaron como un ataque directo a la libertad de expresión y a la lucha por la educación pública.