La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones contra alcaldes y diputados en Guanajuato por presuntos vínculos con el crimen organizado, confirmó el secretario de Gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona. Las indagatorias se centran en personajes actualmente en funciones y estarían relacionadas con denuncias previas realizadas desde el proceso electoral de 2024.
Durante una conferencia de prensa, Jiménez Lona señaló que las pesquisas están en manos de la federación y que el gobierno del estado, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha colaborado atendiendo las solicitudes emitidas por la FGR. Aunque se negó a revelar el número de casos o las identidades de los implicados, confirmó que las carpetas de investigación están activas, pero ninguna ha sido judicializada hasta el momento.
“Es un proceso que requiere cuidado y responsabilidad”, expresó el funcionario, quien recordó que casos como el llamado michoacanazo terminaron por convertirse en escándalos mediáticos sin consecuencias legales. Por ello, pidió no adelantar juicios ni hacer señalamientos sin pruebas.
La declaración surge a partir de preguntas de la prensa y retoma lo dicho en junio de 2024 por el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien admitió que al menos ocho candidatos electos, entre ellos alcaldes y diputados, habrían tenido relaciones o vínculos familiares con grupos delictivos. En ese momento, Sinhue aseguró que se enviaron los expedientes a la FGR para su análisis, aunque tampoco reveló los municipios ni los partidos involucrados.
Desde entonces, las carpetas fueron atraídas por la autoridad federal y concentradas en la Ciudad de México. Según explicó Jiménez Lona, el estado no tiene facultades para avanzar más allá de la colaboración, y subrayó que cualquier acción debe surgir cuando se tengan elementos jurídicos suficientes.
“No podemos permitir filtraciones que entorpezcan las investigaciones o pongan en riesgo el debido proceso”, enfatizó el secretario, al insistir en que la postura del gobierno estatal es de respeto absoluto a las instancias federales.
El caso ha generado inquietud debido a la falta de transparencia sobre los nombres de los involucrados y el estado actual de las investigaciones. Sin embargo, autoridades estatales aseguran que el tema permanece en curso y que confían en que se actuará con base en la ley.