Confundir al público, sembrar dudas sobre las instituciones y tergiversar la ley son estrategias viejas, pero eficaces, que ciertos actores políticos siguen utilizando con notable cinismo. En un mundo hiperconectado donde la ciudadanía busca información —y en muchos casos contrasta versiones para formarse un criterio—, resulta preocupante que todavía se intente manipular a la opinión pública con argumentos abiertamente falsos: pero en esta época de desinformación y falsas noticias, es importante desmontar estos argumentos porque esa es la razón de existir de los medios de comunicación y analistas serios en el siglo XXI.
Un caso reciente es el que atañe al derecho —y obligación— del voto. Durante el proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras, se repitió una idea engañosa: que el voto no es obligatorio. El argumento se sostenía, supuestamente, en que “ninguna ley lo exige”. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara: el artículo 36, fracción III, establece que es obligación ciudadana:
“Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley”.
Quienes se valen de esta idea engañosa confunden obligación con coerción, un error entendible en el común de las personas, pero imperdonable en quienes se dicen juristas. Es cierto que esta disposición no está desarrollada en una ley secundaria que establezca sanciones por el incumplimiento, pero esto no invalida su carácter normativo ni su valor cívico. ¿Por qué no existe esta reglamentación? La respuesta está en la falta de voluntad política: el Congreso de la Unión, dominado durante años por fuerzas tradicionales, ha pospuesto sistemáticamente cualquier iniciativa que busque regular con mayor firmeza esta obligación. Pero es innegable que estamos ante una obligación de la ciudadanía.
Durante semanas, sectores de la oposición, así como voces críticas del sistema político actual, llamaron abiertamente a no votar en esta elección. Alegaron falta de condiciones, opacidad o incluso riesgo de autoritarismo. Sin embargo, más de 13 millones de personas acudieron a las urnas en un contexto inédito: sin campañas ni spots, con una boleta compleja y sin financiamiento público para promocionar candidaturas.
¿Puede interpretarse esta participación como un rechazo al sistema? Es una lectura simplista y equivocada. La participación electoral no puede analizarse de forma lineal ni bajo parámetros tradicionales, como si se tratara de una elección presidencial. La afluencia se explica por múltiples factores: falta de conocimiento sobre la mecánica del proceso, ausencia de promoción masiva, desconocimiento de los perfiles y, en algunos casos, desconfianza.
Pero asumir que este escenario representa un triunfo de la oposición es, cuando menos, una ilusión. Una oposición raquítica, sin propuesta ideológica clara, que celebra cualquier dato descontextualizado como victoria, revela más su desconexión con la ciudadanía que su capacidad para ofrecer alternativas. La crítica sin argumentos, el descrédito sistemático y el activismo de escritorio desde las redes sociales han sustituido el trabajo territorial, la elaboración de plataformas y el compromiso con una ciudadanía informada.
Hoy, esa oposición parece vivir en una cómoda zona de confort. Gracias a las prerrogativas constitucionales, partidos sin rumbo reciben miles de millones de pesos del erario, que utilizan —en muchos casos— no para fortalecer la vida democrática, sino para mantener a sus dirigencias y financiar nuevas aventuras partidistas sin sustento ni proyecto de país.
Algunos exconsejeros del INE también han caído en ese juego. Más interesados en posicionar nuevas siglas que en defender la democracia que alguna vez representaron, han emprendido campañas para deslegitimar procesos electorales que siguen contando con el respaldo técnico, legal y territorial del propio Instituto que los formó.
En contraste, vale la pena destacar el esfuerzo del Instituto Nacional Electoral. La elección judicial extraordinaria de 2025 se llevó a cabo sin incidentes mayores, con una estructura operativa desplegada en todo el país, gracias al trabajo profesional de miles de personas trabajadoras del INE, desde las consejerías hasta los CAE (Capacitadores Asistentes Electorales), funcionarios de casilla y personal de juntas locales y distritales. En medio del ruido y las descalificaciones, su compromiso fue clave para garantizar un ejercicio democrático confiable y transparente.
Perfeccionar este tipo de procesos es necesario. Pero reconocer lo que se ha hecho bien también lo es. Frente a la desinformación, el periodismo, la ciudadanía y las instituciones deben seguir apostando por los hechos y el debate serio, no por el espectáculo de quienes solo saben gritar “fraude” cuando el pueblo no vota como ellos quisieran.