En un contexto político marcado por la transición presidencial y la necesidad de mirar hacia adelante sin ignorar el pasado, la reciente reaparición del expresidente Enrique Peña Nieto ha provocado una ola de reacciones. Más allá del hecho de que su presencia pública es por sí misma llamativa, lo relevante es el tema que eligió para su mensaje: la defensa del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), proyecto emblemático de su administración que fue cancelado al inicio del sexenio anterior.
“Se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado, que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción”, señaló Peña Nieto. Con esa declaración, el exmandatario revive una discusión que, pese al paso del tiempo, sigue siendo vigente para el análisis público.
El NAIM fue concebido como una obra de gran envergadura, con la intención de colocar a México en un mejor nivel de conectividad aérea y competitividad internacional. Su diseño arquitectónico, planeación técnica y financiamiento mixto con participación pública y privada le conferían una dimensión estratégica. No era una obra perfecta —como ninguna de tal magnitud puede serlo—, pero sí representaba una apuesta de largo alcance, sustentada en diagnósticos y estudios especializados.
La decisión de suspenderla, tomada al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras una consulta pública organizada con carácter ciudadano, respondió a una visión distinta sobre la planeación y la relación entre el Estado y las grandes obras de infraestructura.
Sin embargo, el hecho de que no se hayan acreditado actos de corrupción sistemática en el desarrollo del NAIM —como bien apunta Peña Nieto—, obliga a revisar el episodio con una mirada serena. Las auditorías realizadas, incluidas las de la Auditoría Superior de la Federación, no han determinado responsabilidades penales por malos manejos. En cambio, sí han estimado un costo significativo por la cancelación, tanto en lo económico como en lo institucional.
Esto no significa que todo estuviera bien con el proyecto original, ni que la decisión de cancelarlo haya sido arbitraria, pero sí sugiere la necesidad de reflexionar sobre cómo tomar decisiones de tal trascendencia en el futuro. La infraestructura pública no debe ser rehén de disputas ideológicas ni de ajustes de cuentas políticas. México necesita continuidad, claridad y responsabilidad en sus planes de desarrollo nacional, más aún en temas estratégicos como el transporte, la energía o la conectividad.
La presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha iniciado su gestión con el ofrecimiento de gobernar con racionalidad técnica, planeación y apertura al diálogo, tiene ahora la oportunidad de marcar una nueva etapa en este sentido. Su formación científica y su experiencia de gobierno le permiten asumir con seriedad el reto de construir política pública sustentada en evidencia. Es momento de fortalecer los mecanismos de evaluación, de darle valor al consenso y de generar certeza en las decisiones que impactan a millones de mexicanos.
El mensaje de Peña Nieto no debe interpretarse como un intento de vindicación personal, sino como un llamado —quizá tardío, pero válido— a revisar con madurez un episodio que costó al país no solo miles de millones de pesos, sino también una lección sobre cómo no tomar decisiones de alto impacto. Es positivo que el expresidente asuma una posición pública y se sume al debate de manera constructiva. Las voces del pasado, bien canalizadas, pueden enriquecer la conversación pública sin entorpecer el rumbo de transformación que el país ha decidido seguir.
No se trata de reabrir heridas ni de avivar confrontaciones, sino de aprender, contrastar visiones y corregir donde sea necesario. El país necesita avanzar con visión de futuro, pero también con memoria institucional. Recuperar lo que se hizo bien, mejorar lo que se hizo a medias y corregir lo que no funcionó debe ser parte del quehacer público, sin importar el origen partidista de quien lo proponga.
A seis años de la cancelación del NAIM, el país está en otra etapa. La transición de gobierno es una oportunidad para reconstruir confianza, no solo en las instituciones, sino también en los grandes proyectos de nación. Que el debate se mantenga vivo es saludable; que se escuchen todas las voces, aún más.