La economía mexicana atraviesa actualmente un periodo de particular complejidad, caracterizado por la creciente concentración del gasto público en rubros como pensiones y programas sociales. Esta tendencia, que se ha hecho más notoria durante los últimos años, implica riesgos sustantivos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, sobre todo cuando se observa en paralelo a una desaceleración o recesión económica.
En los últimos ejercicios fiscales, la proporción del presupuesto nacional destinada a programas sociales y pensiones no contributivas ha crecido de manera significativa, hasta alcanzar cifras cercanas al billón de pesos anuales. Esta magnitud no solo revela la prioridad que dichos programas tienen en la agenda política, sino que también expone a la hacienda pública a tensiones estructurales, especialmente en un entorno de bajo crecimiento o estancamiento económico.
El hecho de destinar una porción tan considerable del erario a este tipo de transferencias limita el margen de maniobra fiscal para atender otras necesidades críticas, como el sistema de salud pública, la inversión en infraestructura, educación y ciencia. En países con estructuras demográficas en proceso de envejecimiento, el peso de las pensiones sobre el gasto total suele aumentar de manera progresiva, haciendo más rígido el presupuesto y dificultando ajustes ante eventuales shocks externos.
El incremento desproporcionado de los recursos asignados a programas sociales durante los últimos Gobiernos —particularmente bajo la administración de Morena— puede ser interpretado como una respuesta a demandas de inclusión y reducción de la desigualdad. Sin embargo, una expansión acelerada y poco focalizada de estos programas puede derivar en un gasto desbordado e incontrolable que será muy difícil de sostener en el mediano y largo plazo si no va acompañado de una base tributaria sólida y una economía en expansión.
El contexto de una recesión técnica agrava este dilema. El menor dinamismo económico reduce la recaudación y, por tanto, la capacidad del Estado para financiar de manera responsable sus compromisos. Además, una alta dependencia de transferencias sociales (subsidios) puede generar incentivos perversos si no se acompaña de políticas orientadas al desarrollo productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento del sector formal de la economía.
Si bien la protección social es un pilar fundamental para la cohesión social y la estabilidad política, el diseño del gasto público debe atender criterios de eficiencia, de enfoque y de sostenibilidad. La creciente concentración del presupuesto en pensiones no contributivas y programas sociales debe verse como una señal de alarma que debe de invitar a una discusión seria sobre reformas estructurales, tanto en materia fiscal como en los sistemas de seguridad social.
Este preámbulo podría estar anunciando la inminencia de un ajuste fiscal en el ingreso público. Mayores impuestos o más impuestos o más contribuyentes. De la forma que sea el estado necesita urgentemente más ingreso fiscal y muy seguramente (aprovechando la arrasadora mayoría en las cámaras) lo veremos este mismo 2025. Es importantísimo para asegurar la viabilidad financiera del estado mexicano.
En suma, el reto para la economía mexicana en los próximos años será equilibrar la urgencia de atender necesidades sociales inmediatas con la obligación de preservar la viabilidad financiera del Estado y sentar las bases para un crecimiento económico sostenido e inclusivo. Solo una visión de largo plazo permitirá evitar que la expansión del gasto social comprometa la salud de las finanzas públicas y, en el extremo, limite las capacidades de desarrollo del país.