Ante las denuncias hechas por familiares de manifestantes detenidos el sábado pasado, de señalamientos de periodistas quienes fueron agredidos cuando grababan a policías que realizaban las aprehensiones en la plaza de Armas y tras señalamientos de algunos legisladores, el secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández González, informó que el área de Asuntos Internos de la dependencia abrió una investigación para deslindar responsabilidades y sancionar posibles abusos.
De 47 detenidos la tarde-noche del sábado frente a Palacio de Gobierno, 40 se remitieron al Ministerio Público y están ahora en Puente Grande. A los detenidos se les identificó por videos difundidos por medios de comunicación y en redes sociales, así como por las cámaras del Escudo Urbano C5.
Durante la sesión de Glosa del Informe de Gobierno, realizada en el Congreso, el funcionario estatal informó que tienen identificados a dos elementos que agredieron a reporteros.
“Tenemos dos elementos identificados, que son los que se menciona que agredieron a unos periodistas y con independencia de los argumentos que ellos pudieran mencionar, ya se aperturó una investigación por el área de Asuntos Internos y obviamente serán sancionados dependiendo el grado de responsabilidad, con independencia de que haya o no alguna queja o denuncia por parte de los afectados”, explicó.
La legisladora de Futuro, Mariana Casillas, le pidió al secretario de Seguridad, que se libere a los 40 detenidos, dado que fueron aprehendidos en forma ilegal. En entrevista posterior, el funcionario estatal señaló que eso no le corresponde definirlo a él y aseveró que, de acuerdo a los videos, algunos lanzaron piedras a la fachada de Palacio de Gobierno, otros quemaron las puertas de madera del edificio e impidieron que se realizaran algunas detenciones.
Si algún familiar o detenido tiene alguna queja, pidió que se presente la denuncia ante el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Durante la sesión de Glosa del Informe de Gobierno, varios legisladores expresaron quejas sobre las fallas y deficiencia del sistema C5 de video vigilancia.
La legisladora del PRI, María del Refugio Camarena, relató que su hermano fue víctima del crimen organizado y que tuvo que cerrar su negocio porque le exigían que pagara derecho de piso por trabajar.
“Hace unos minutos mi compañera Alondra Fausto le hizo una pregunta directa. ¿Usted podría sostener aquí ante la asamblea que la seguridad es mejor que hace un año? Y no contestó. Y yole platicaría esto. La semana pasada mi hermano tuvo que cerrar su negocio porque no quiso pagar piso, porque prefirió cerrarlo que seguir manteniendo cabrones huevones que no hacen nada. Disculpe que me ponga así, porque yo sé lo que le costó poner su negocio”, aseveró.
La diputada del tricolor reconoció que Juan Pablo Hernández tiene uno de los trabajos más complicados en el gobierno estatal, pero le pidió “no maquillar cifras” y escuchar a las familias e incluso a los diputados que tienen propuestas para atender y mejorar la seguridad de las personas, no solo en el Área Metropolitana de Guadalajara, sino en las diversas regiones foráneas de Jalisco. Y le propuso que se haga una mesa de diálogo en el Congreso sobre el problema de la inseguridad.