En forma unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar la nulidad de un impuesto de 141 pesos el equivalente a cinco dólares, a extranjeros que ingresaban a Puerto Vallarta, en cruceros.
La ponencia correspondió al ministro Giovanni Azarel Figueroa Mejía, quien consideró que el cobro por concepto de uso de aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales “es imprecisa y genera incetidumbre a las personas a las que se dirige”.
El cobro estaba vigente en la Ley de Ingresos 2025 del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y fue una iniciativa que propuso el alcalde Luis Munguía González, desde noviembre de 2024.
El gravamen fue aprobado por el Congreso de Jalisco y comenzó a cobrarse desde julio de 2025. La diputada del PVEM, Yussara Canales González, representante del distrito V, con sede en Puerto Vallarta, se opuso en su momento a ese cobro, al considerar que se violaba el derecho al libre tránsito.
La acción de inconstitucionalidad la presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y este día se presentó a votación en la sesión del pleno de la SCJN.
El alcalde de Puerto Vallarta argumentó que el dinero recaudado se iba a invertir en el desarrollo de la infraestructura turística local. IGNACIO PÉREZ VEGA
En forma unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar la nulidad de un impuesto de 141 pesos el equivalente a cinco dólares, a extranjeros que ingresaban a Puerto Vallarta, en cruceros.
La ponencia correspondió al ministro Giovanni Azarel Figueroa Mejía, quien consideró que el cobro por concepto de uso de aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales “es imprecisa y genera incetidumbre a las personas a las que se dirige”.
El cobro estaba vigente en la Ley de Ingresos 2025 del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y fue una iniciativa que propuso el alcalde Luis Munguía González, desde noviembre de 2024.
El gravamen fue aprobado por el Congreso de Jalisco y comenzó a cobrarse desde julio de 2025. La diputada del PVEM, Yussara Canales González, representante del distrito V, con sede en Puerto Vallarta, se opuso en su momento a ese cobro, al considerar que se violaba el derecho al libre tránsito.
La acción de inconstitucionalidad la presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y este día se presentó a votación en la sesión del pleno de la SCJN.
El alcalde de Puerto Vallarta argumentó que el dinero recaudado se iba a invertir en el desarrollo de la infraestructura turística local. Luis Munguía también señaló cuando se puso vigencia al impuesto, que se trataba de un pago voluntario que no obligaba a los foráneos.