En Jalisco se aplicarán de tres a ocho años de prisión al agente del Ministerio Público, de la Policía Investigadora o policías municipales que, al practicar una detención, incurran en actos de intimidación o busque obtener un beneficio indebido.
El decreto que reforma diversas disposiciones del estado de Jalisco, se aprobó en sesión del pleno, con 37 votos a favor.
Las reformas se avalaron de conformidad con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El decreto deroga los artículos 189 y 189 Bis y adiciona el artículo 193 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Si se aplica la violencia en la detención, la pena se aumentará de uno a tres años de prisión.
También se reformaron la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en la prevención e investigación del delito de extorsión.