BúsquedaA principios de marzo, algo inusual comenzó a pasar en Suecia: miles de personas decidieron no pisar un supermercado durante siete días. No fue una moda pasajera ni una campaña de redes sociales vacía, sino una acción coordinada que buscaba enviar un mensaje claro: los precios ya no se aguantan. Bajo el nombre de “Bojkotta vecka 12” (boicot semana 12), esta iniciativa nació del hartazgo de familias que, como muchas en Europa, han visto cómo su salario rinde cada vez menos mientras llenar la despensa cuesta más que nunca. Detrás del gesto cotidiano de dejar de comprar, hay una pregunta urgente: ¿en qué momento perdimos el control sobre lo que pagamos por lo esencial?
Para entender esta reacción, basta mirar los números. En Suecia, tres grandes cadenas controlan casi todo el mercado de alimentos. Esto significa que, aunque parezca que tenemos opciones, en realidad compramos en lugares que deciden precios de forma muy parecida. Mientras tanto, los sueldos no han crecido al mismo ritmo que los productos básicos, por lo que las familias ajustan, recortan o, como en este caso, se organizan para decir basta. No se trata solo de inflación, sino de una estructura de mercado que favorece a los intermediarios más que a quienes producen o consumen, y cuando las reglas están tan desequilibradas, las decisiones más pequeñas —como dónde comprar— pueden convertirse en herramientas de resistencia.
Este tipo de realidad tiene consecuencias concretas, sobre todo en la economía del día a día. Cuando una familia gasta más del 40% de sus ingresos en comida, queda poco margen para ahorrar o invertir en cosas importantes: educación, salud, una vivienda digna o simplemente tranquilidad financiera. Además, cuando ya no alcanza, muchas veces se recurre a tarjetas de crédito o préstamos, lo que encarece aún más el mes siguiente. Es un ciclo que no solo golpea el bolsillo, sino que erosiona la confianza en las instituciones y en el propio sistema económico. A largo plazo, esto debilita tanto la estabilidad de las familias como la del país.
Para comprender mejor cómo se llega a este punto, hace falta mirar lo que ocurre entre el campo y el supermercado. Cuando compramos un tomate por dos euros, ¿cuánto de eso llega realmente al agricultor? En muchos casos, menos del 20%. El resto se reparte entre transportistas, almacenistas, distribuidores y, sobre todo, las grandes cadenas minoristas que aplican márgenes de ganancia elevados, especialmente en productos con alta rotación. Esta estructura, lejos de ser inevitable, responde a un modelo de distribución concentrado que favorece la especulación y reduce la eficiencia del sistema. Mientras el productor ve caer sus ingresos y el consumidor paga más, los intermediarios se aseguran una rentabilidad constante sin necesariamente aportar valor proporcional. Esta distorsión económica genera pérdidas ocultas en toda la cadena: se desperdicia más, se transporta innecesariamente y se desconecta al consumidor del origen real de lo que compra.
Cambiar esta situación implica tanto decisiones personales como reformas estructurales. Por un lado, necesitamos hablar más sobre finanzas en casa, en la escuela, en los medios: saber cómo comparar precios, entender qué hay detrás de una etiqueta, organizar mejor los gastos. Por otro, apoyar a quienes venden de forma más justa —mercados locales, cooperativas, productores directos— también puede marcar la diferencia. En paralelo, las plataformas digitales están abriendo la puerta a modelos de venta más directos, donde el agricultor recibe más y el consumidor paga menos, sin necesidad de pasar por cinco manos antes de llegar al plato. Y claro, no podemos dejar fuera a los gobiernos, que tienen la responsabilidad de vigilar que los precios sean razonables, que haya competencia real y que se castigue el abuso.
Mirando hacia el futuro, lo que pase con movimientos como el boicot sueco puede ser una pista de hacia dónde vamos. Si más personas se organizan, si aprendemos a usar nuestro poder como consumidores y si las autoridades escuchan, podríamos estar frente al inicio de una economía más consciente, donde comprar no sea un acto automático sino una elección informada y justa. Pero si todo sigue igual, el riesgo es que normalicemos la desigualdad en algo tan básico como la comida. En el fondo, este no es solo un tema de precios: es una conversación sobre dignidad, control y el tipo de sociedad que estamos dispuestos a sostener con cada moneda que gastamos.