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No existe capacitación a los impartidores de justicia, Ministerios Públicos, Fiscalía y en todos los mecanismos de acceso a la justicia para que ciudadanos capitalinos con enfermedades mentales accedan a procesos jurídicos y de denuncia dignos, a pesar de las crecientes cifras de suicidios, depresión y diversos padecimientos relacionados con la salud mental en la Ciudad de México; así lo informó a Crónica Fabián Aranda, abogado especialista en Derechos Humanos y fundador de la clínica de Derecho Penal Acusatorio.
De acuerdo con Aranda, en la capital existe un grave retraso en la actualización de la Ley de Salud Mental, luego de que a 14 años de haberse promulgado, no fue sometida a modificaciones y varios Artículos que se mantuvieron detenidos en el tiempo, lo que ocasionó que personas que sufrían algún trastorno, no estuvieran protegidos jurídicamente para que su caso fuera atendido y mientras tanto, Ministerios Públicos, la Fiscalía y jueces los desatendieron hasta que algunas víctimas murieron. A diferencia de otros países, donde se crearon autoridades especializadas para el seguimiento de denuncias emitidas por personas con padecimientos mentales, a causa del crecimiento de estos, en la Ciudad de México no ha ocurrido.
Aranda narra el caso de Jorge, un ingeniero con buena posición económica que padecía esquizofrenia y sus familiares tenían la intención de despojarlo de sus bienes, bajo la figura de interdicción, es decir, un acto judicial que limitaba la capacidad jurídica de una persona, impidiéndole actuar por sí misma en la vida jurídica. Aunque se comenzó a trazar una estrategia jurídica para auxiliarlo y emprender acciones legales, poco tiempo después se quitó la vida. Aunque este recurso legal fue prohibido, los intentos de suicidio no fueron atendidos por las autoridades sanitarias y jurídicas para que la víctima, además de recibir asesoría legal, fueran atendidos sus padecimientos mentales, a diferencia de otras naciones, donde la salud mental es cuidada al mismo tiempo que un ciudadano se somete a un proceso legal.
Actualmente no existe una obligación legislativa para auxiliar a quien haya tenido un intento de suicidio, a pesar de que del 2018 al primer semestre del 2024 se contabilizaron tres mil 568 en la capital, números a la alza, cuando en 2018 se registraron 398, que aumentó a 540 en 2019 y a 548 un año después, tiempo en el que se intensificó el aislamiento por el COVID - 19 con el aislamiento impuesto por la pandemia.
“Esta figura era muy nociva para las personas con alguna situación relativa a la salud mental, por eso estamos impulsando la promulgación de una nueva ley de salud mental porque se emitió la Constitución pero todas las leyes secundarias no se han armonizado, no se han actualizado. La Constitución Política de la Ciudad de México se promulgó y entró en vigor el cinco de febrero de 2017, este caso es de 2016, pero todavía tardó un par de años más para que esta figura jurídica del Estado de interdicción saliera de la normativa de la Ciudad de México”, explicó.
Hay vacíos jurídicos para las personas con enfermedades mentales
Mencionó que la extinción de la interdicción no es suficiente para cuidar a las personas con padecimientos en la salud mental y la situación se agrava por el desfase en el cambio de modelo de impartición de justicia en México, cuando en el 2016 al expedirse el único Código Nacional de Procedimientos Penales para todo el país, entró en vigor hasta el 2023, lo que dejó vacíos en los procesos penales y jurídicos de víctimas que necesitaban pronta atención.
Es por ello que los expertos urgen la dictaminación de la Ley de Salud Mental presentada en el Congreso capitalino, sin embargo, no ha sido discutida en comisiones, al contrario, otras iniciativas que se emitieron semanas después, fueron consideradas prioritarias y votadas y aprobadas rápidamente.
Fiscalías no saben protocolos para tratar a enfermos mentales
La Ley actual no contempla la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas con algún tipo de discapacidad intelectual y psicosocial, solamente llama a establecer los mecanismos para su buen funcionamiento, sin embargo, no define los mecanismos y lineamientos para promover la participación de la población con afectaciones.
Conforme al especialista, existen deficiencias y vacíos en la Fiscalía y en los juzgadores y no se tiene claro cómo actuar cuando una persona con un trastorno mental comete o es víctima de un delito.
“Sus esquemas de trato deben de ser reforzados, las personas servidoras públicas que se dedican a servicios de acceso a la justicia, de procuración de justicia, de educación y salud deberían de estar capacitados y preparados para la atención de personas con alguna discapacidad psicosocial”.
“Si van a denunciar la posible comisión de un delito, obviamente no va a ser el mismo margen de paciencia. Para una persona con discapacidad, puede ser que ciertos escenarios hostiles le generen que se exacerbe y si su problema es psicosocial, se agrava y para eso deben de haber áreas especializadas, para que se puedan ejercer mecanismos de contención para una adecuada atención y que puedan acceder a los servicios de salud”.
“En los Ministerios Públicos existen esfuerzos incipientes, pues no atienden a altos estándares de protección de derechos humanos, por eso la importancia”.
Aranda pide que se apruebe la nueva Ley que hace énfasis en la detección oportuna para prevenir violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y otorgará atención prioritaria a personas que hayan intentado suicidarse y a su círculo cercano; así como primeros auxilios psicológicos en escuelas y alcaldías, como una estrategia de intervención inmediata recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
No existe Fiscalía que atienda a personas con problemas de salud mental
En la Ciudad de México solamente existe la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria, pero no menciona discapacidad mental, tanto para víctimas o imputados; a diferencia de otras naciones, como Alemania, donde centros penitenciarios cuentan con unidades psiquiátricas de día para estabilizar el estado de los reclusos en crisis. Además, algunos centros ofrecen psicoterapia a los reclusos con trastornos de personalidad. En España, se cuenta con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios en Alicante y Sevilla, y la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria de Cataluña Brians en Barcelona; en tanto, en Francia, las Unidades de Cuidados Intensivos Psiquiátricos (USIP) son unidades cerradas con un alto nivel de seguridad que se encuentran en hospitales psiquiátricos generales.
Por el contrario, en la capital solamente existe el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI), en el cual, según casos documentados por Crónica, están encarceladas personas que no tienen padecimientos mentales, además, de que existen violaciones a los Derechos Humanos, con juicios opacos y fast track que no estudiaron las imputaciones, así como personal que no está capacitado para tratar a presos vulnerables, que tienen acusaciones de extorsión y maltrato.