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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reservó por tres años los detalles del armamento utilizado en el nuevo Centro de Entrenamiento de Tiro Virtual, así como del número de agentes adscritos a la Policía de Investigación (PDI) que poseen armas para el uso durante su labor diaria y en las prácticas, bajo el argumento de que probablemente la delincuencia organizada podría conocer a qué dedican sus labores; además, la institución no tiene información del número de escenarios utilizados que simulen cateos o detenciones, instructores que apoyan en las prácticas, número de entrenamientos y metraje del sitio.
Lo anterior, luego de que Crónica solicitó detalles de presupuesto ejercido, a causa de testimonios de personal que acusó que el Centro opera en escenarios fuera de la realidad, que no contribuyen a la profesionalización ni entrenamiento a la captura de criminales, con el uso de armas inadecuadas para prepararse, las cuales, deben de adquirir en el mercado negro por de la débil suma monetaria que la Fiscalía destina para fortalecer las habilidades de su personal en cuanto al cumplimiento de órdenes de aprehensión, labores de inteligencia, seguimiento de objetivos prioritarios y revisión de inmuebles utilizados para actividades ilícitas.
En la primera solicitud, la FGJCDMX se declaró parcialmente competente y prometió realizar una búsqueda profunda, después señalaron que la Unidad de Transparencia podría desatar represalias de delincuentes hacia la ciudadanía y a los elementos policiacos.
De acuerdo con los PDI entrevistados por Crónica, las armas con las que se realizan las prácticas no son las que utilizan los elementos de la PDI, además, existen alrededor de 800 agentes sin armas. Hacia ello, este periódico pidió a la FGJCDMX datos de las pistolas recientemente adquiridas, aunque según la institución, son notas reservadas, “por ser información que evidencia el estado de fuerza con que cuenta esta Fiscalía para enfrentar y prevenir la delincuencia y en especial la que actúa de una manera organizada, siendo esta última la que más riesgos representa por sus formas de actuar y realizar los ilícitos, en afectación a la sociedad, así como el personal que tiene a su cargo arma de fuego, que además pueden obstruir la prevención o persecución de los delitos”.
Para la Fiscalía “la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable”, por lo tanto, reservó los datos y aplazó la respuesta de la solicitud de Crónica al seis de febrero de 2028, tres años en los que los datos del Centro de Tiro Virtual no podrán ser revelados a ningún ciudadano; a pesar de que en su inauguración, que se realizó públicamente en septiembre del 2024, el extitular, Ulises Lara, puntualizó que el uso de las armas es una enorme responsabilidad, “sobre todo para nosotros que somos una autoridad que requiere un entrenamiento exhaustivo, en el que se establezca un diálogo permanente entre el actor principal, que son los policías de investigación, con los probables responsables en un acto delictivo”.
SSC reveló pormenores de su Centro; Fiscalía teme a represalias de delincuentes
Sin embargo, en sitios de entrenamiento con tecnología superior inaugurados en el pasado, como el simulador de tiro en realidad virtual para el entrenamiento de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las autoridades a cargo no se limitaron a esclarecer los costos, la atmósfera y el armamento.
En el 2023, la policía reveló que el Centro de los agentes de la SSC costó 60 millones de pesos con sofisticados dispositivos, sensores y comandos para realizar interacciones físicas, visuales, auditivas y emocionales que permitan un entrenamiento físico y psicológico de diversas situaciones de crisis, donde los cuerpos policiacos se capacitan para adquirir movimientos tácticos, toma de decisiones, estrategias, para desescalar conflictos. En la primera etapa fueron capacitados alrededor de 28 mil elementos, con una inversión 123 por ciento superior al de la FGJCDMX, el cual, a través de transparencia, manifestaron que únicamente se otorgaron 14 millones 287 mil 140 pesos para su construcción.
El entonces jefe de la institución, Omar García Harfuch, no consideró que detallar el tipo de herramientas que se adquirieron y las atmósferas planteadas resultara riesgoso para la ciudadanía, inclusive, precisó que el Centro posee 100 cámaras de captura de movimiento, 15 tipos de armas de fuego cortas y 15 rifles distintos simulados con accesorios y sistemas de rastreo. También, contrario a lo que la Fiscalía prevé, el entonces secretario presentó situaciones como una persona privada de la libertad en una vecindad en Tepito; un evento en Alameda central, en el Hemiciclo a Juárez y el Palacio de Bellas Artes, sin temor a que los delincuentes conozcan las maneras de actuar de los agentes, ni preocupaciones como las que externó la FGJCDMX.
FGJCDMX confirma que no hay evidencia de prácticas y escenarios, como acusan PDI
Aunque organismos internacionales como la Guardia Civil española advierte que las prácticas de tiro se deben de efectuar cada seis meses para vigilantes de seguridad y escoltas privados, mientras que anualmente para guardas rurales, con una duración mínima de ocho horas y con armas tipo escopeta, carabina, cartuchos y revólver que deben de cumplirse 50 cartuchos anuales por tirador y al mismo tiempo, los PDI evidenciaron que desde la administración de Ernestina Godoy no se han realizado prácticas de tiro, información que pudo ser corroborada mediante transparencia y que la Fiscalía confirma, al responder: “no se localizó evidencia documental relacionada con el número de escenarios para realizar la práctica de tiro, así como el total de metros cuadrados que mide el Centro de Entrenamiento de Tiro Virtual”.
Acusan detenciones irregulares
En palabras del PDI, otro problema es que derivado de la falta de capacitación y la presión constante por realizar detenciones, con la simulación de pruebas para realizar arrestos, es decir, arrestos en posesión de droga que permite aplicar un término de 48 horas para determinar y vincular al detenido con otro delito como homicidio, violaciones o robo.
“Es por eso que en las últimas detenciones relevantes, los detenidos siempre tienen droga para vender o que excede su consumo. Esto es innecesario en el nuevo sistema, sin embargo, el desconocimiento de los mandos obliga a que elementos policiales trabajen con estas prácticas que se consideraban erradicadas, incluso en el argot policial le llaman “el kilo de ayuda” refiriéndose poner a un detenido acompañado de cierta cantidad de droga”, afirmó el PDI que prefirió reservar su identidad.
“Ahora se pide cierto número de cateos que se sumen a la productividad, quedando de la siguiente forma: Fiscalías chicas, dos cateos mensuales y dos órdenes de aprehensión; fiscalías medianas, tres cateos mensuales y cinco órdenes de aprehensión y fiscalías grandes, cuatro cateos mensuales y ocho órdenes de aprehensión“.
Falta de pago a personas incapacitadas
Para los PDI, los horarios laborales establecidos no son una realidad, inclusive, de acuerdo a la normatividad vigente, cada policía tendría que recibir un pago por disponibilidad y profesionalismo, llamado cheque de moralización, no obstante, esa remuneración que era otorgada desde hace más de 20 años y su fin era motivar al personal policial, denuncian que actualmente se emiten diversas circulares y acuerdos por personal de recursos humanos donde se ha autorizado que se descuente parte de su salario al personal que no esté disponible las 24 horas de los 365 días del año.
“Estas evaluaciones se llevan a cabo cada mes y si una persona no se presentó a trabajar, se le descuenta la parte proporcional. A los compañeros se les descuenta aún con incapacidades justificadas, por ejemplo, varios han sido lesionados en cumplimiento del deber y han presentado su incapacidad por el tiempo que establezca la autoridad médica, aunque se les descuenta y sólo obtienen el pago pro profesionalización, en general pierden el 30 y 40 por ciento de su salario. Lo mismo con las mujeres que están embarazadas y tramitan permisos por maternidad, se les descuenta por no estar disponibles, el argumento principal es que dicho pago es por un concepto de disponibilidad y no es parte del salario”.