Búsqueda
Madres buscadoras pusieron un ultimátum a autoridades al responsabilizarlas de lo que les pueda ocurrir por la falta de protección y seguridad al realizar las exploraciones en las zonas donde podrían encontrar restos humanos de sus familiares.
Además, reclamaron la debilidad del Gabinete de Búsqueda, así como la negación de los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México para otorgar recursos económicos que subsidien los rastreos en el Ajusco y en los límites entre ambas identidades.
De acuerdo con las inconformes, las Fiscalías de ambas entidades y las Comisiones de Búsqueda se negaron a acompañarlas en la brigada de búsqueda inter metropolitana que se llevará a cabo en Jalatlaco, Estado de México.
Las madres que se pronunciaron fueron Rocío Méndez, quien busca a su hija Sofía desde junio del 2018, y María del Carmen Volante, que realiza las indagatorias para hallar a Pamela Gallardo, quien lleva siete años desaparecida. En su reclamo, detallaron que las autoridades no tuvieron interés en auxiliar con elementos de seguridad a las 23 familias cuyos seres queridos fueron vistos por última vez en la zona del Ajusco, de la alcaldía Tlalpan.
“Hemos tenido varias peticiones a este Gobierno, como Comisión de Búsqueda, Fiscalía, Gobierno central, y dijeron que no van a apoyarnos en esta brigada metropolitana, es triste que digan que no tienen para darnos el recurso. Hoy denunciamos, es algo muy triste y doloroso seguir luchando con un estado; vamos a seguir caminando para encontrar a nuestros tesoros y a nuestras hijas que a veces no quieren que tengamos voz”, dijo María del Carmel Volante.
Las madres detallaron que desde varios meses atrás, enviaron múltiples oficios para solicitar la organización de la búsqueda, sin embargo, acusaron, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y del Estado, han minimizado los indicios que ellas han encontrado en los parajes y cerros, lo que ha frenado la creación de un proyecto conjunto para la localización de personas.
Asimismo, exhibieron que el argumento de ambas entidades para negarse a participar fue que cuentan con un análisis de riesgo que imposibilita indagar en el sitio, sin embargo, dicho análisis corresponde a una zona diferente a la que se pretende explorar.
Para las madres, la respuesta de las autoridades respecto a que no existen condiciones de operatividad en la zona, demuestra el descontrol en la seguridad de un sitio que se ubica a sólo dos horas de la capital del país.
“Esto es grave, la falta de presencia del Estado mexicano en varias partes del país”, acusaron.
La ausencia de las autoridades en la brigada provocaría que ningún perito pueda revisar los restos humanos que posiblemente se encuentren en el perímetro, no obstante, argumentaron que después de varios años, han aprendido cómo realizar una cadena de custodia para que los indicios no sean manipulados y permanezcan en el mejor estado para su posterior análisis.