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Es una constante que el poder judicial en México permita que la indefensión de un menor de edad sea una circunstancia que, en ocasiones, se utilice para amparar o justificar a un agresor sólo porque la víctima es incapaz de defenderse o de entender por completo lo que está sucediendo debido a su vulnerabilidad, inocencia, falta de madurez emocional o la manipulación por parte del agresor.
El caso de Adriana Cota es claro ejemplo de cómo un violador es cobijado por las autoridades del Estado de México y además la han ignorado; el hombre, José Marcial “N”, no está vinculado a proceso, ni siquiera hay investigación en su contra, pese a que hay dictámenes psicológicos en donde se demuestra la afectación de la joven.
Adriana tiene 24 años pero durante su niñez, de los 6 a los 10 años, fue víctima de delitos sexuales. Quien la violentó fue un chofer que se encargaba de llevarla a clases de regularización. Por pena y miedo decidió hablar cuando tenía 23 años, la presión mental y los problemas de salud no le permitieron seguir ocultando el acontecimiento que marcó su vida.
“Es muy difícil tener que vivir con esto todos los días de tu vida porque en lugar de vivir, sobrevives, yo necesitaba decírselo a mis seres queridos para que me ayudaran a poder salir adelante. Ya no podía con los ataques de ansiedad y con la depresión, incluso esto me generó un problema en el corazón que se llama disautonomía pots”.
Un año después de la denuncia, el agresor fue detenido y cuando se celebró la audiencia inicial la jueza Araceli Gutiérrez Contreras decidió que el delito estaba prescrito, es decir, consideró que había pasado demasiado tiempo para castigar al agresor, y liberó al pedófilo. Actualmente el hombre recibe apoyo total de la familia con la que trabaja (Ocejo) y hasta le contrataron un abogado.
“Para mí fue muy difícil el hecho de que fuera una juez mujer, yo pensaba que siendo mujer iba a ser más empática, pero la realidad fue que no. Ella dijo que sobreseía el asunto porque él no podía vivir con la zozobra o la incertidumbre de que en cualquier momento pudiera ser privado su libertad”.
“Cuando escuché esto, se me hizo muy triste como una juez estaba defendiendo a un violador y nunca pensó en cómo yo tenía que vivir con la incertidumbre de que esta persona me fuera a hacer un daño después de que sabía que yo había hablado y también como yo tengo que vivir con lo que él me hizo y eso no lo tomó en consideración”.
Su vida de niña
Para Adriana, la infancia fue muy difícil ya que no asimilaba lo que pasaba y al mismo tiempo era amenazada por su agresor, “yo sabía que algo no estaba bien, me sentía incómoda y por miedo a que hicieran algo a mi familia no pude hablar. Cuando entendí qué me había pasado, yo me sentía apenada de mí misma”.
Asegura que una víctima de este tipo de delito vive con con pena y asco sobre su cuerpo, “es asqueroso que te toquen sin tu consentimiento y también te cuesta mucho tiempo el asimilar lo que te pasó, entenderlo, afrontarlo y es un acto de valentía el poder hablar”.
Pese a las circunstancias, desde que era niña, siempre quiso ser abogada porque buscaba ayudar a las personas que vivían injusticias, “yo estudié derecho y en la carrera me empezó a gustar mucho el derecho penal y decidí dedicarme a eso y especializarme en eso porque yo quería también conseguir justicia por mí misma”.
Un niño no entiende que están abusando de él
Como víctima hace un llamado para que las autoridades se enfoquen en la protección de los derechos de los menores con medidas que garanticen que el agresor no quede impune sólo por vulnerabilidad de un menor.
“Un niño no entiende, no sabe si están abusando de él y el hecho de de sentirse apenado, de no saber a quién acercarse, cómo acercarse, qué decir, no frena a tu agresor. Como autoridad tienen que ser más empáticos, más sensibles con el tema sexual y de los menores también. Y como mujeres también nos merecemos que nos defiendan, que nos cuiden, que nos crean y nos ayuden a conseguir justicia para poder estar en paz”.
La sociedad debe vigilar a los menores
Adriana alertó que los niños sí muestran signos de que están siendo abusados sexualmente, “yo en lo personal sí me retraía. Sí, era una niña muy callada. No me gustaba tener contacto físico con nadie, ni un abrazo, nada. Los papás deben de estar más atentos a sus hijos y brindarles seguridad como: puedes hablar, puedes contarlo”.
“Y también yo creo que hay que ser más empáticos como sociedad, es muy difícil que una víctima salga a denunciar y que pongan en duda la veracidad de tu historia. Es revictimizante y no consigues nada a cambio de denunciar a una persona. Es es un signo de valentía y el hecho de que la sociedad fuera más empática y tuviera un poco más de sensibilidad, eso sería mucho más fácil para las víctimas”.
El llamado a las autoridades
La joven testificó que la fiscalía mexiquense se portó de una manera muy sensible y muy empática cuando acudió a denunciar, “recibí mucha ayuda de soporte”, aseguró. Pero aseguró que el Gobierno le ha fallado, “me ha dado la espalda y no me han permitido tener ningún acercamiento”.
Lamentó que, sólo porque su caso se hizo mediático, finalmente las autoridades prometieron que intervendrán conforme a derecho; anteriormente, le comentaron que el Poder Judicial estaba muy ocupado con el tema de las elecciones, listas y de nuevos jueces como para brindarle atención a su caso.
“La apelación llevaba dos meses y medio, la juez me estaba poniendo trabas para no remitirla a un tribunal de alzada; después de que yo empiezo a salir en los medios, se designa al tercer tribunal de alzada en materia penal del Estado de México, el magistrado Arturo Márquez es el que va a decidir sobre mi caso. No sabemos cómo va a resolver, pero yo espero que resuelva con sensibilidad, empatía y que también con un buen conocimiento de la ley y que me ayude a proteger mis derechos como niña, víctima y como mujer”.
Desde su perspectiva como abogada, precisó que las autoridades deben de crear un sistema de derecho en donde la víctima se pueda acercar a la autoridad y tener un plan claro para que sus instituciones funcionen en defensa de las personas que son víctimas de algún tipo de delito y que, “tengan realmente la intención de ayudar a otro ser humano y no nada más quieran estar en el poder y cobrar un sueldo. No somos una carpeta más, no es un nombre en una hoja, es una víctima a la que su vida le cambió y hay que ser mucho más sensibles, mucho más empáticos”
La familia que protege al agresor
José Marcial “N” actualmente tiene entre 45 y 50 años es chofer de la familia Ocejo, dueña de una empresa de artículos higiénicos, quien lo protege y ayuda; hasta abogado le contrataron, lo que resulta decepcionante para la víctima.
“Saben los delitos que cometió y aún así ellos mismos lo protegen y lo excusan y no se lo están ayudando a evadir su responsabilidad, a evadir a las autoridades. Lo están ayudando por completo para que él no pague por lo que me hizo. Ellos pueden tener familia, hijos, nietos, primos, hermanos que estén cerca de esta persona y también representa un riesgo para ellos”.
Para Adriana es increíble cómo una familia que tiene conocimiento de lo que su empleado le hizo a una niña lo quieran ayudar, “querer protegerlo y seguir teniéndolo cerca y ayudarlo a tener los recursos para no pagar por lo que me hizo, se me hace muy muy decepcionante y muy triste y deseo que nunca estén en la posición en la que yo estuve, que nunca sean la familia afectada como la mía está”, concluyó.
El abogado contratado por la familia, Francisco Áureo Acevedo, es fundador de una revista “Grupo Multimedia Legal”, en la que participan algunos columnistas que son abogados, magistrados y jueces.
