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Nueve mil 802 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por violencia sexual en México durante 2023, lo que duplicó el promedio anual de casos en el país entre 2010 y 2023, esta cifra significó un aumento de mil 139.2 por ciento con respecto a lo observado en 2010, cuando se registraron 791 víctimas; de acuerdo con el último catálogo de lesiones de la Secretaría de Salud.
Víctimas indirectas de violencia sexual infantil argumentan que la Fiscalía General de Justicia capitalina tiene personal carente, sin especialización y cuyos peritos y Policía de Investigación emplean métodos insensibles que revictimizan a los denunciantes, así como el Poder Judicial que según sus vivencias, obligan a los afectados a convivir con sus agresores, lo que provoca que los miles de niños agredidos anualmente, no obtengan justicia.
El Estado de México es la entidad donde se registraron más víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años durante 2023; en esta entidad se concentró el 16.1 por ciento de los agredidos.
Jalisco fue el segundo estado con mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidas en hospitales por violencia sexual: 9.9 por ciento de los casos registrados en el país se concentraban en esta entidad, con 8.1 por ciento de las víctimas atendidas. Veracruz reportó la tercera cifra más elevada de personas de entre 1 y 17 años atendidas por violencia sexual en el mismo periodo.
En estos tres estados se concentró uno de cada tres casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes reportados en el país durante 2023.
Fiscalías con personal que revictimiza
En agosto de 2024 el Congreso de la Ciudad de México aprobó que los niños y niñas violentados sexualmente puedan denunciar a su agresor hasta muchos años después de que su intimidad fue vulnerada, iniciativa impulsada a causa de que en ocasiones, las víctimas callan y no denuncian por miedo o porque fueron amenazadas por su agresor. Con ello, se asegura que el transcurso de los años no extinguirá la potestad del Estado para sancionarlos y además, buscar la justicia a las infancias que lo sufrieron, sin que la prescripción otorgue la impunidad a los criminales. Aunque víctimas y especialistas reconocen la reforma como un logro, afirman que es una medida insuficiente.
Mariel Albarrán, madre de dos víctimas de violencia sexual infantil cometida por el exmagistrado, Manuel Horacio Cavazos López, denunció que en la Fiscalía capitalina, los procesos para entrevistar a niños abusados son denigrantes, donde los infantes, lejanos a ser sometidos procedimientos que protejan su cuerpo y entrevistas que documenten lo vivido, la atención es mínima, en la que aún con pruebas, exámenes médicos y testimonios que avalan el abuso, las carpetas de investigación no avanzan”, dijo a Crónica.
“¿De qué nos sirve la no prescripción de los delitos sexuales cuando tenemos una impunidad del 98 por ciento? Podría haber pena de muerte para agresores pero nadie va ser sujeto a esas sanciones porque son arropados por el manto de la impunidad; hay obstáculos desde la procuración de justicia, no hay especialistas, tenemos una Fiscalía que no tiene especialistas de violencia sexual infantil, sin pediatras revisando a niñas y niños; tampoco paidopsicólogos, solamente ginecólogos que revisan igual a un adulto que a un niño. Carecen de peritos especializados en violencia sexual infantil, no saben cómo entrevistarlos; tenemos animales en la Fiscalía que se atreven a preguntarle a los niños ¿Te gustó?”.
“Cuando llevé a mis hijas a denunciar, estuvimos más de 12 horas en la Fiscalía. José Manuel Fuentes Cruz, encargado de agencia me dijo que les hacía más daño a mis hijas llevándolas a denunciar; él daba las instrucciones para alterar la transcripción de audios. Ordenaba que me sacaran de la entrevista, se suspendieran los dictámenes, cambiaron sus palabras y entraron agentes de la Policía de Investigación armados a supervisar. Dentro de la carpeta de investigación están los audios que yo entregué donde una de mis hijas me dice ‘mamá ven por mí, yo no puedo ser feliz’, me lo dijo llorando porque en ese momento estaba con su agresor, pero en la transcripción de la carpeta dice ‘mami yo quiero que seas feliz’, entonces cambia todo el contexto cuando alguien que no tiene el audio, solamente lee el testimonio. Me dijeron que como madre les hacía más daño por llevarlas a denunciar, que lo que les hizo el violador”.
Ese funcionario cuenta con una investigación por el delito de prevaricato, además, fue sancionado por la pérdida de carpetas de investigación que obstaculizaron un caso en el año 2011; asimismo, el sujeto tiene una falta administrativa disciplinaria en el Órgano Interno de Control.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes; sin embargo, señalan que esto no es una realidad.
Y criticó que las revisiones ginecológicas que realiza la Fiscalía a las víctimas no favorecen a la no prescripción, ya que luego de años, es imposible que existan lesiones visibles en el cuerpo, pero esa institución no tiene métodos con tecnología que auxilien a los afectados a externar lo que les sucedió.
La mujer calificó al sistema de justicia y judicial como “adultocéntrico”, que solamente se enfoca en los adultos, pero desconoce tratar con niños. En la Fiscalía capitalina no existen cifras públicas de delitos de violencia sexual infantil que puedan ser consultadas por la ciudadanía, por igual, la pena por cometer este delito es mínima, dos a seis años de prisión. “A los niños se les discrimina por razón de su edad, no les creen en la Fiscalía”, dijo.
“En el sistema de justicia mexicano obligan a las víctimas a convertir a sus agresores, en los casos donde el agresor es un padre biológico, tiene el permiso del Estado para continuar violentando a sus hijos, ponen por encima el derecho a la familia que la integridad de los niños. “El 11 de julio del 2023, la asistente infantil, Kenya Alejandra García Cuéllar, les dijo a mis hijas que lo tenían que perdonar porque es su padre. Tenemos una agencia especializada en delitos sexuales, pero de nada nos sirve un edificio”.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco niños ha experimentado abuso sexual durante su infancia, cifras que no son reportadas en su totalidad ante el miedo que tienen de externarlo. En ese sentido, el 93 por ciento de las víctimas menores de 18 años de edad convive con su violentador.
MP que no protegen a las infancias
En ese momento, Mariel denunció que Daniel Osorio Roque, excoordinador de Agentes del Ministerio Público Auxiliares de la FGJCDMX y designado el pasado 29 de abril por el Congreso capitalino como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, obligó a la Ministerio Público, Carolina Espinoza, a resolver a favor del abusador de sus hijas, cuando en 2021 se determinó que no se ejercería ninguna acción penal en contra del exmagistrado, dado que presuntamente no existían pruebas para imputarlo, a pesar de que se tenían peritajes con los testimonios de las menores.
En el 2020, la MP declaró improcedente el no ejercicio de la acción penal hacia Cavazos, no obstante, sus superiores ignoraron su decisión y después, Luz Elena López Padilla, jueza de control del Tribunal Superior de Justicia, cerró el expediente para proteger a Cavazos López.
Además, acusó que el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) de la Fiscalía capitalina ofrece máximo 20 sesiones a niños y 45 minutos de entrevista para iniciar la carpeta de investigación, tiempo que las autoridades consideran que es el óptimo para superar el trauma. En el caso de sus hijas, con asistencia externa, han requerido más de cuatro años de ayuda con especialistas para exteriorizar íntegramente el delito del que fueron víctimas.
Al acusar las negligencias de la Fiscalía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inició una investigación y transcribió los audios y los describe exactamente como la niña lo narró, sin alterarlos. Adicionalmente, en el informe del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, se confirma el delito, así como reportes de la Policía de Investigación donde las menores validaron los lugares donde fueron violentadas, aunque con todo, la carpeta nunca fue judicializada.
Cuando la Comisión verificó las negligencias que existían de las autoridades a cargo, así como la alteración de pruebas, emitió la recomendación 10/22 hacia la FGJCDMX, que exige una disculpa pública de la Fiscalía, además de la reparación del daño integral y la reanudación de la investigación, no obstante, eso no sucedió.
Delitos contra niños no bajaron en CDMX
Específicamente, en la Ciudad de México los números de denuncias de delitos sexuales contra las infancias se mantuvieron sin bajas notables. En febrero del 2024, la Fiscalía capitalina reportó en febrero del 2024 86 denuncias por sustracción de menores, ningún reporte por tráfico de infantes y 25 por corrupción de menores.
Un año después, en febrero del 2025, se reportaron 85 sustracciones de infantes, y 25 por corrupción de niños, niñas y adolescentes. No obstante, un mes más tarde, la corrupción de personas de este rango de edad aumentó a 31.
Otro de los fenómenos nocivos para las infancias que las autoridades han alertado es la sextorsión, una forma de violencia digital que combina extorsión y explotación sexual infantil. A través de medios electrónicos, una persona intimida, manipula o amenaza a niñas, niños o adolescentes para obtener contenido íntimo, dinero o favores sexuales. Sin embargo, al ser un fenómeno emergente, la Fiscalía capitalina no cuenta con un área especializada en vigilar este tipo de crímenes.
Sextorsión, nuevo modus operandi contra NNA
La sextorsión ocurre en internet a través de plataformas de mensajería, videojuegos y redes sociales. El agresor actúa principalmente como un supuesto “amigo virtual” o como un desconocido, ocultando su identidad real. Mediante engaños, manipulación emocional o amenazas explícitas, busca obtener contenido íntimo de la víctima. Una vez que lo consigue, inicia un proceso de chantaje, exigiendo más material, actos sexuales o dinero bajo la amenaza de difundir lo que ya posee.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital, en niños de seis a 11 años, el 53.8 por ciento de las víctimas fueron amenazadas para obtener contenido íntimo, mientras que 15.4 por ciento reportó casos de sexting y otro 7.7 por ciento mencionó hackeo de cuentas como medio para obtener dicho contenido.
En tanto, en personas de 12 a 15 años, el 40.9 por ciento de los reportes identificaron al agresor como un supuesto amigo virtual y el 11.7 por ciento de las víctimas accedieron a las demandas y entregaron dinero o contenido adicional.
Así, en adolescentes de 16 a 17 años, el 40 por ciento de las víctimas indicó que el agresor era un aparente amigo virtual, seguido de desconocidos, personas con las que habían buscado encuentros íntimos en línea y exparejas.