Búsqueda
Por más de 24 horas se ha mantenido el plantón que sostiene el colectivo “Luciérnagas Buscadoras”, integrado por madres de personas desaparecidas. La manifestación inició el lunes en la mañana, después de que el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina suspendieran de manera unilateral una diligencia de búsqueda programada desde hace meses en la zona del Ajusco.
Según acusaron, la actividad estaba planeada para desarrollarse del 19 al 23 de mayo de 2025, y contaría con la participación de autoridades federales y locales, así como con las familias directamente involucradas en la búsqueda de sus seres queridos.
Sin embargo, la cancelación repentina por parte de las instituciones encendió el descontento de las buscadoras, quienes acusan una ruptura de acuerdos y una estrategia de simulación por parte del aparato institucional.
Como respuesta, el grupo levantó un campamento frente al Metro Chabacano, en plena vialidad, donde han colocado casas de campaña, lonas con fichas de búsqueda y mantas con consignas que denuncian el abandono institucional.
Desde entonces, el tránsito en esa zona de la capital se encuentra afectado, y las protestantes han advertido que, de no recibir respuesta clara, podrían extender su presencia hacia San Antonio Abad e incluso hasta el Zócalo.
Falta de coordinación entre instancias
Las manifestantes señalan que no es la primera vez que las autoridades incumplen acuerdos relacionados con la localización de sus familiares. Acusan que existe una falta de coordinación entre instancias como la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y su contraparte en otras entidades, como San Luis Potosí, lo cual dificulta el avance en casos como el de Sofía Lorena Meneses, desaparecida desde junio de 2018.
En su caso, el presunto agresor fue detenido, pero se quitó la vida en prisión, lo que interrumpió la investigación. Desde entonces, no se ha establecido un plan de búsqueda concreto.
Entre los casos en la protesta también se encuentra el de Pamela Gallardo, vista por última vez en noviembre de 2017 tras asistir a un concierto en el Ajusco. Su madre, integrante del colectivo, acusa que las búsquedas han sido interrumpidas y reprogramadas de forma arbitraria, sin tomar en cuenta a las familias. En otros casos, como los de Susana, Sofi y Nimai, se repite la misma constante: falta de información clara, ausencia de seguimiento y promesas incumplidas.
Además de denunciar la revictimización que sufren, las madres señalan que las instituciones simulan atender el problema mientras la crisis de desapariciones se agrava.
No hay acciones concretas
Consideran que la creación del Gabinete de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México no ha sido acompañada de acciones concretas ni voluntad política suficiente para dar resultados.
Critican también que los esfuerzos de búsqueda se han fragmentado, al coincidir acciones en distintas zonas como el Ajusco y las Barrancas de Tarango durante la misma semana, lo que limita la capacidad de atención.
Las madres buscadoras demandan una reunión directa con la titular de la Fiscalía General de Justicia, Bertha Alcalde, y con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a quienes acusan de no querer escuchar a las víctimas de primera mano.
Aseguran que han sido ignoradas de forma sistemática y que incluso se les intentó disuadir de continuar con la protesta mediante interlocutores que se presentaron como representantes del gobierno federal, sin éxito.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana ofreció entablar una mesa de diálogo, pero hasta ahora no se ha concretado ninguna reunión. Por su parte, las autoridades de la Ciudad han condicionado cualquier acercamiento a que se libere la vialidad, lo que las manifestantes han rechazado por considerar que se trata de un chantaje.
Las mujeres del colectivo insisten en que su lucha no es solo individual. Se consideran parte de un movimiento nacional que exige justicia, verdad y acompañamiento real. Denuncian que mientras los expedientes se acumulan, los recursos y las decisiones políticas se reparten de manera selectiva entre ciertos colectivos, dejando a otros sin atención.
Además, afirmaron que no dejarán la calle hasta obtener respuestas y que, ante la falta de justicia institucional, recurren al acuerpamiento ciudadano. Para ellas, la calle es el único espacio que queda cuando las instituciones se vuelven opacas, y la búsqueda de sus hijos e hijas continúa siendo una tarea que el Estado ha dejado en sus manos.