La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino aprobó el dictamen a dos iniciativas que buscan adicionar el Código Penal para el Distrito Federal, en materia de administración subrepticia de sustancias, propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada, y sumisión química por pinchazo, de la diputada Tania Larios, del PRI.
En las últimas semanas se ha registrado un incremento de denuncias por presuntos “pinchazos” en espacios públicos, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Dicha práctica consiste en introducir de manera oculta o subrepticia un objeto punzocortante en el cuerpo de una persona, sin su consentimiento, con el posible propósito de administrar sustancias que alteren su estado físico o mental.
De acuerdo con las denuncias presentadas hasta ahora, las víctimas han reportado síntomas como mareo, somnolencia, confusión y desorientación después del “pinchazo”, lo que evidencia un riesgo serio para su integridad y salud.
Sin embargo, la legislación penal vigente en la Ciudad de México no considera de manera específica la modalidad de agresión que implica la administración subrepticia de sustancias mediante “pinchazos”, lo que significa que no son un delito autónomo, lo que limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas, al depender de figuras jurídicas que no fueron diseñadas para atender esta nueva modalidad delictiva.
El diputado morenista Alberto Martínez Urincho, presidente de la comisión, consideró indispensable contar con un tipo penal específico, a fin de robustecer la protección jurídica para las víctimas de los “pinchazos”, orientar las acciones de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.
De esta manera se fortalecerá la respuesta del Estado frente a nuevas formas de violencia, asegurar entornos seguros y reafirmar el respeto a la autonomía corporal en los espacios que forman parte de la vida cotidiana de las personas.
La pena será de 2 a 5 años de prisión
Por su parte, la iniciativa de la diputada Tania Larios busca sancionar con hasta 5 años de prisión a quienes cometan este tipo de actos. Además señala la creciente inseguridad que enfrenta la población de la capital, en específico las personas usuarias del Metro ante las agresiones por pinchazo, que además de implicar un acto violento fomentan un clima de miedo e impunidad en el transporte público.
También destaca la falta de protocolos claros para la actuación ante estos hechos agrava aún más el problema, ya que las víctimas no saben a quién recurrir ni cómo denunciar.
Coincide en que la gran problemática para la efectiva investigación y posterior sanción de esta conducta radica en la ausencia del tipo penal que determine estrictamente los elementos de la conducta antisocial objeto del presente instrumento.
En su intervención, la diputada Yolanda García Ortega, del Partido Verde, manifestó su firme apoyo a este dictamen que coincide con la iniciativa presentada recientemente por su grupo parlamentario para tipificar la sumisión química a través del suministro de bebidas dopadas o adulteradas.