Personal pericial del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) acusó que las autoridades a cargo les han negado batas quirúrgicas limpias, cubrebocas KN-95 y guantes de seguridad para revisar más de siete mil cadáveres en los que deben de determinar la causa de muerte, indicios y realizarles confrontas para determinar si los restos pertenecen a alguna persona reportada como desaparecida.
Esto, según los acusados y colectivos de madres buscadoras, impide que los fragmentos de restos óseos qué son hallados en las búsquedas, sean devueltos a las familias que aún mantienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida.
Aún con las exigencias y solicitudes para que se aumente el presupuesto de insumos y medidas de seguridad para los peritos y puedan continuar con su labor sin el riesgo de contraer enfermedades como VIH/SIDA y hepatitis, el único argumento que el Tribunal Superior de Justicia les emite es que sus peticiones se encuentran en proceso de investigación y revisión.
Sumado a la nulidad de recursos materiales, reclaman que la negación de la institución por contratar más personal ha desembocado en excesivas cargas de trabajo, ya que, de cinco mil cuerpos que eran revisados anualmente, en el 2024 la cifra subió a siete mil, cada vez con menos insumos para trabajar.
Subdirector juega con cráneo
Al exterior del INCIFO permanecen lonas en las que piden mejores condiciones laborales. La pancarta que más llama la atención a los transeúntes, es en la que se plasma una imagen en la que se observa a Andrés Oriol Morales, subdirector de tanatología, en el que juega con un cráneo partido, mientras saca la lengua y acerca el resto a su boca.
Con las batas manchadas exhibidas en un tendedero, junto a los guantes sucios y los débiles cubrebocas, los peritos enuncian un discurso a la ciudadanía, como única alternativa para que se le destine más dinero a las pruebas periciales para determinar el estado de los restos humanos.
“Este es el material que me proporcionaron para hacer mi trabajo, me acaban de asignar un cuerpo. La bata no es impermeable y los guantes son de exploración; no cumplo con lo de la guía, crecemos de spray fijador que utilizamos para las laminillas que utilizamos cuando realizamos exudados variables, bucales y anales en casos de probable feminicidio”, dijo la perito Mónica Margarita.
“Con estos tenis voy a entrar al anfiteatro, caminaré por el pasillo, entraré a oficinas generales, conviviré con los usuarios, iré al mismo elevador y regresaré a mi casa. Es un riesgo contagioso para todo el personal del instituto que labora con nosotros”.
Los manifestantes expresaron que enviaron un oficio de queja desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la Contraloría Interna del Poder Judicial de la Ciudad de México, peticiones que no han tenido respuesta.
Restos en estado de putrefacción
Agregaron que en consecuencia, los procesos de identificación de cadáveres se retrasan demasiado, por ejemplo, restos humanos que ingresaron al INCIFO en un viernes, son examinados hasta el lunes por la tarde, y en épocas calurosas, narraron, se encuentran en estado de putrefacción.
“Las lesiones no van a ser visibles para mí, van a tener modificaciones; la mala administración y carga de trabajo está afectando a los deudos. Llevan más de seis horas desde el Ministerio Público, su duelo. Los cadáveres los designaban hasta las 11 de la mañana, cuando empiezo desde las nueve”.
También, otra de las problemáticas es que los salarios que reciben no son acorde a la certificaciones de peritos que poseen. Tampoco se les proporciona apoyo para trasladarse a las audiencias judiciales.
Acusaron que la carencia de personal se debe a que cuando peritos médicos han denunciado acoso laboral, las autoridades prefieren “congelar” las plazas de trabajo.
“En el turno matutino hago tres necropsias en seis horas y en el nocturno, que tienen doce horas para laborar, les designan cuatro, no se compensa”.
Colectivos reprueban revictimización
Colectivos de buscadoras como Una Luz en el Camino, Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Hasta Encontrarles, así como familiares independientes, manifestaron su rechazo al mal trato que se le da a los restos de personas desaparecidas, a causa de la falta de insumos.
Reclamaron que constantemente enfrentan procesos marcados por la opacidad, las negligencias y la falta de sensibilidad institucional.
Exigieron que el análisis de los cadáveres y restos se lleven a cabo de manera expedita, con perspectiva de género.
“Pedimos que los procesos de identificación, resguardo sean sin dilaciones injustificadas, que respeten la dignidad de las personas fallecidas, así como de sus familias”.
“Nos resulta especialmente grave, ofensivo e indignante conocer los señalamientos, tanto en registro fotográfico como por testimonios en contra de la doctora Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, encargada de Despacho del INCIFO desde hace ya un año, y del subdirector del área de Tanatología, el licenciado Andrés Oriol Morales y su equipo por realizar acciones que constituyen burla y humillación hacia personas fallecidas, que prueban una cultura organizacional que menoscaba la dignidad humana y obstruye, tanto por acción como por omisión, el acceso a la verdad y justicia de las víctimas”.
Ante la falta de sensibilidad, los colectivos demandaron una investigación inmediata, independiente y transparente sobre los señalamientos de malos tratos en el INCIFO.
Sumado a la destitución de cualquier servidor o servidora pública que haya incurrido en actos de violencia institucional o tratos indignos hacia cuerpos humanos. Por ende, el fortalecimiento de los protocolos forenses con perspectiva de derechos humanos, centrados en la verdad, la dignidad y el acompañamiento a las familias.
En tanto, garantías de no repetición a través de reformas estructurales en los procedimientos y vigilancia externa por organismos independientes.
Así, que los cuerpos de personas fallecidas no sean utilizados, prestados ni donados para ningún fin distinto a su plena y digna identificación, respetando su derecho a la verdad, la justicia y el trato humano.
Con los cambios, se exige que se dote de forma oportuna y continua de insumos, materiales y herramientas en cantidad suficiente, en condiciones óptimas y de calidad comprobada, que garanticen la seguridad e integridad física del personal y que los procesos de identificación se realicen de manera óptima arrojen resultados consistentes.
“Estas conductas representan no solo una falta administrativa y ética, pero también agravan las violaciones a derechos humanos, en tanto a la violencia estructural y violaciones directas e indirectas en el contexto que hoy se vive respecto a la crisis humanitaria y forense, si no una profunda afrenta a las familias que aún buscamos a nuestras y nuestros seres queridos”, finalizaron.