El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, subrayó que ya se han iniciado procesos administrativos, resarcitorios y penales contra servidores públicos acusados de desviar recursos durante la administración anterior.
Hasta el momento, 187 exfuncionarios de la pasada administración y 28 empleados del Organismo del Agua han sido citados a declarar. Al menos cinco casos con evidencias sólidas fueron remitidos a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, donde podrían configurarse delitos graves. El alcalde aclaró que esta es solo la primera fase de un total de diez denuncias previstas, aunque los detalles se mantendrán en reserva por estar bajo investigación.
En conferencia de prensa, Pérez Cruz denunció al gobierno anterior que operó con opacidad, violando la legalidad en múltiples áreas. “Todo fue un cálculo para evadir responsabilidades. Hoy enfrentamos las consecuencias de esos abusos”, afirmó. Entre los casos emblemáticos destaca la presunta falsificación de firmas en tarjetas de apoyo social, con un desvío estimado en 22 millones de pesos.
Otro escándalo involucra un contrato de 148 millones de pesos para instalar 20,000 luminarias, sin que exista claridad sobre su ejecución. “No hay pruebas de que se hayan colocado, ni documentos que respalden el gasto”, señaló el edil. Además, se investigan irregularidades en la Secretaría de Deportes, incluyendo robo de equipos, destrucción de instalaciones y conflictos de interés, respaldados por evidencias fotográficas.
La nómina municipal también está bajo escrutinio: se detectaron gratificaciones ilegales por más de 600,000 pesos, alteración de documentos y falsificación de firmas. En el sector hídrico, hay denuncias por pozos y laboratorios pagados pero nunca construidos, así como desvíos en proyectos de recuperación de agua.
El mandatario reiteró su compromiso de inhabilitar a los responsables, recuperar los recursos y aplicar sanciones ejemplares. “No tendré piedad. Esta administración fue una villa de bandoleros”, declaró. Las acciones se coordinan con el Órgano Superior de Fiscalización y la Auditoría del Estado de México, que desde 2022 realizan auditorías con hallazgos graves.
A esto se suman denuncias internas, como la de presuntos “aviadores” —empleados fantasma— detectados mediante una queja anónima. Se indagan vínculos familiares ilegales, como cónyuges o hermanos bajo el mismo mando, y se contrastan datos con el IMSS para depurar la plantilla.