Un juez vinculó a proceso a Gonzalo “N”, Yareli “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Alicia “N” y José Fernando “N”, integrantes de una célula perteneciente a La Familia Michoacana que mantenían establecimientos en 14 municipios del Estado de México, en los cuales obligaban a los ciudadanos a adquirir productos a sobreprecio, únicamente en esos locales.
Gonzalo “N”, está identificado como líder del Sindicato “Bradosva” y de acuerdo con indagatorias de la Fiscalía mexiquense, era el único autorizado para suministrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava y varilla en la región de Valle de Bravo.
El sujeto fue vinculado a proceso por extorsión agravada, ya que el 20 de febrero de 2025, en conjunto con varios sujetos armados, habría interceptado a la víctima sobre la carretera libre Valle de Bravo-Toluca, para exigir el pago de “derecho de piso”, para poder entregar material de construcción en la zona, además le impuso una cuota de 15 mil pesos por ingreso y dos mil 500 por cada viaje de material que realizara.
En tanto que Yareli “N”, quien fungía como tercera regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, detenida el pasado lunes 21 de julio, también fue vinculada a proceso por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.
De acuerdo a la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, Yareli “N”, es investigada por hechos registrados el pasado mes de abril de 2025, cuando habría participado en la privación de la libertad de un comerciante del municipio de Ixtapan de la Sal.
La víctima habría sido trasladada a una habitación de un hotel de dicho municipio, lugar donde la hoy investigada, ingresó para exigirle una suma económica a cambio de permitirle seguir con sus actividades comerciales, ya que, en caso de negarse, “le haría daño a él o a su familia”.
Otro de los vinculados es Eli “N”; el hombre era dueño de una casa de venta de materiales y almacén denominado “JIMEX”, ubicado en el municipio de Valle de Bravo. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, era la única persona autorizada por un grupo delictivo con orígenes en Michoacán para la distribución de cemento y materiales de construcción en esa región de la entidad.
En el municipio de Amanalco, donde en complicidad con otra persona habría interceptado a una víctima, a quien amenazó y subió por la fuerza a un vehículo, a bordo del cual le exigieron un pago inicial y un porcentaje semanal de sus ventas y le indicaron que debía llamar a un número telefónico para comprar materiales únicamente en el establecimiento del ahora detenido.
De igual forma, Jorge “N”, presunto líder de madererías en el municipio de Valle de Bravo, fue vinculado a proceso por extorsión agravada, puesto que el pasado 20 de junio, habría amenazado a un comerciante de madera, a quien al parecer le exigió 100 mil pesos para que pudiera continuar comercializando sus productos, además de que, a partir de ese momento, tendría que entregarle una cuota mensual de acuerdo a las ventas, además de que sólo podría comprarle la madera a él.
Las autoridades también mantenían investigaciones contra Antonio “N”, presunto integrante de un grupo delictivo, al parecer encargado de la distribución y venta de carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán.
En marzo, en complicidad con dos personas más, al parecer amenazaron con privar de la vida a la víctima en caso de que se negara a “comprar carne de res y de cerdo con él” o adquiriera dichos productos con algún otro proveedor.
Los datos de prueba aportados por el Ministerio Público también fueron determinantes para que se vinculara a proceso a Alicia “N” y José Fernando “N”, quienes el cuatro de junio en Ixtapan de la Sal, interceptaron a una persona a quien habrían amenazado y exigido que comprara madera exclusivamente con ellos, con un sobreprecio de 12 por ciento, en caso de negarse le causarían daño y “le impedirían seguir trabajando”.
Los detenidos se encuentran internos en Centros Penitenciarios y de Reinserción Social mexiquenses, a disposición de un juez, quien otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el 23 de septiembre de 2025, periodo en el que se podrán aportar mayores elementos probatorios.