El Congreso de la Ciudad de México avaló dos dictámenes, enviados por el Senado y la Cámara de Diputados y, el primero para expedir una nueva ley general para sancionar el delito de extorsión y el segundo para la ratificación de mandos superiores de la Guardia Nacional. Ambos discutidos el día anterior de su presentación en el recinto local.
Las y los legisladores avalaron por unanimidad el dictamen que busca emitir una ley general en materia de extorsión, encaminada a combatirla de manera integral; enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República.
Dicha reforma permitirá homologar la ley y cubrir vacíos legales en las entidades federativas; también se podrán establecer bases para la coordinación de los tres niveles de gobierno en un modelo nacional para prevenir, investigar y sancionar estas conductas, y poner en el centro la protección de la sociedad y las víctimas.
Las y los legisladores de las distintas bancadas, coincidieron en que se trata de un delito que va a la alza y perjudica gravemente a las familias mexicanas.
Precisaron que actualmente las leyes locales permiten a las redes criminales operar con ventaja, al poder pasar de un territorio a otro, por lo que mantienen impunidad. Además de las ganancias millonarias que deja a los delincuentes.
Señalaron que con esta reforma al inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se combatirá el problema de raíz y con ello se avanzará hacia la recuperación de la seguridad y tranquilidad de las y los mexicanos.
Las y los legisladores también dieron a conocer que datos del INEGI señalan que que 9.7 de cada 10 de estos delitos no se denuncian.
Ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional
A diferencia de la minuta anterior, que fue aprobada por unanimidad, este dictamen recibió 46 votos a favor y 11 en contra de la oposición; se trata de una propuesta que faculta al Senado de la República y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para ratificar grados superiores de la Guardia Nacional, que proponga el titular del Ejecutivo.
Quienes se posicionaron a favor de la minuta aseguraron que la reforma es de suma importancia, ya que responde a una necesidad institucional, para asegurar que jefes y coroneles de la Guardia Nacional queden en igualdad de condiciones con las secretarías de Defensa Nacional y de Marina, además de ayudar a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, celebraron que incluye el uso del lenguaje inclusivo y deja de manifiesto la importancia de la toma de decisiones y la participación de las mujeres en el gobierno, lo que es reflejo de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos.
Quienes manifestaron su punto de vista en contra de la reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalaron que se trata de un parche legislativo que pretende hacer creer que se busca fortalecer a la Guardia Nacional, pero en el fondo, existen compromisos que no responden al interés de la ciudadanía.
Comentaron que la modificación normativa es un paso más para la militarización de las instituciones, que tampoco empodera al Congreso, sino que intenta presentar como un control civil lo que en realidad es poder militar.