El grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, advierte que la fuga del interno Marvin Didier Barrientos Flores del Reclusorio Oriente no fue un “incidente aislado”, sino la evidencia de fallas estructurales en la cadena de mando y en la seguridad penitenciaria.
“Saludamos la recaptura del evadido en Magdalena Contreras, pero subrayamos que el problema de fondo sigue abierto”, comentó legislador Mario Sánchez.
La noche del 23 de septiembre, elementos de seguridad se percataron durante el pase de lista que uno de los internos no se encontraba en el lugar, tras activar el protocolo de búsqueda para localizar a la persona desaparecida, se percataron que se había fugado.
Ante los hechos y como parte de las acciones parlamentarias inmediatas, a través de un punto de acuerdo, los panistas exigieron la destitución del director y del personal de custodia involucrado, mientras dura la investigación, y pidieron que se hagan públicos los criterios para el relevo.
Además, solicitaron un informe técnico con: cronología minuto a minuto, fallas específicas de control, estado real del perímetro (altura de bardas, luminarias, cámaras, puntos ciegos) y decisiones de mando adoptadas. Para ello, fijaron un lapso de 17 horas.
Llamaron a hacer una auditoría perimetral externa (Academia/OSC); que debe entregarse en 15 días, y en 30 días, un plan de mitigación con presupuesto, metas y responsables.
También demandaron que se hagan pruebas de estrés trimestrales, “si un interno puede leer el penal como para evadirlo, el riesgo es sistémico”, comentó el legislador.
Así como implementar protocolos y controles reforzados: pases de lista aleatorios, redistribución temporal de internos de mayor riesgo, y evaluación pública de incidentes/intentonas de evasión.
Y solicitaron a la SSC y a la FGJ capitalinas informar si existe algún vínculo de parentesco, subordinación jerárquica o relación de interés entre mandos penitenciarios y altos cargos de procuración de justicia, incluyendo a titulares y extitulares como José Gerardo Huerta Alcalá (Fiscal Anticorrupción) y Ernestina Godoy (hoy Consejera Jurídica federal).
“Solicitaremos a la Contraloría y al Órgano Interno de Control abrir expedientes de posible conflicto de interés y publicar declaraciones de intereses y rotación de mandos del Sistema Penitenciario de los últimos 24 meses”, comentó.
Lo que revela el caso
El legislador detalló que la fuga del reo revela que existe un sistema que detecta la ausencia a posteriori y no previene la evasión, por lo que necesita rediseño operativo, “y no sólo castigos ejemplares”.
Para finalizar, destacó que la respuesta institucional no puede ser narrativa, sino que debe ser verificable y auditada.
“Si hay redes de lealtad o interferencias políticas que contaminen mandos penitenciarios, eso quiebra la confianza pública y vulnera el Estado de derecho”, concluyó.