La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México planteó la creación de un Comité Ciudadano que supervise el destino de los recursos obtenidos por el reciente incremento a la tarifa del transporte concesionado, con el fin de garantizar que se destinen a la modernización y seguridad del servicio.
Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN capitalino, acompañada por el diputado federal Federico Döring, afirmó que la medida busca asegurar que los usuarios vean mejoras reales en el sistema, como la renovación de unidades, la instalación de botones de pánico, sistemas GPS y mayores condiciones de seguridad, especialmente para las mujeres.
“Cada que aumentan el transporte público en la Ciudad de México, prometen lo mismo: que vendrán mejoras al servicio. Pero no hay mejoras; las unidades siguen igual de viejas, de peligrosas e indignas”, señaló, y consideró que el gobierno local debe destinar recursos públicos a ese objetivo y no trasladar el costo a los usuarios.
La dirigente panista cuestionó que, pese al incremento de tarifas, no existan garantías de que los recursos se apliquen en mantenimiento, capacitación de operadores o en medidas que reduzcan riesgos para las y los pasajeros.
“El mismo grupo político ha gobernado la Ciudad de México durante 28 años y las promesas de modernizar el transporte no se han cumplido”, afirmó.
El PAN CDMX reiteró que el aumento —de acuerdo con sus cálculos, del 200 por ciento desde 2003— debe ir acompañado de mecanismos de fiscalización y transparencia. Según la dirigencia, el incremento actual representa una carga adicional para los hogares capitalinos en un contexto de altos precios en alimentos y vivienda.
El tesorero del partido, Oscar Agüero, señaló que las nuevas tarifas podrían alcanzar hasta 9 pesos en horario regular y 11 pesos en horario nocturno, y consideró que las medidas de seguridad anunciadas, como cámaras o botones de pánico, deberían haberse implementado antes del ajuste.
La dirigencia del PAN sostuvo que los recursos públicos deben invertirse en seguridad, transporte y servicios básicos, y no en propaganda o proyectos que no generen beneficios directos para la ciudadanía.