La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local busca fortalecer las acciones medioambientales en la ciudad de México y hacerlas una obligación institucional de Estado, mediante una iniciativa para avanzar en la transición energética y no depender de voluntades políticas de la administración local.
El coordinador de la bancada naranja, Royfid Torres, indicó que actualmente hay un vacío legal, por lo que la iniciativa realiza una adición al apartado J del Artículo 16 de la Constitución local que derivará en el impulso y utilización de energías renovables rumbo a la transición energética justa e inclusiva.
Señaló que la capital enfrenta un momento decisivo, ya que cuenta con una enorme riqueza humana y cultural, pero con una estructura energética que pertenece al pasado.
“Hoy importamos casi toda la energía que consumimos y prácticamente no generamos energía limpia localmente. Esa dependencia no solo compromete nuestra seguridad energética, también nos aleja de nuestras metas climáticas y limita el derecho futuro sostenible para todas y para todos”.
Durante su exposición dijo que el derecho a la ciudad exige energía limpia y renovable y la soberanía energética es más que un concepto técnico, convirtiéndose en un compromiso ético, en beneficio de las próximas generaciones.
¿Qué propone la iniciativa?
La iniciativa propone que estos cambios deriven en tres objetivos principales: primero, implementar políticas públicas estatales para el desarrollo energético para combatir la pobreza energética, garantizando que todas las personas tengan acceso suficiente, asequible, seguro y limpio a las energías; segundo, establecer programas para promover la autogeneración y uso de fuentes renovables, así como la eficiencia energética y, tercero, fortalecer la soberanía energética local para que la ciudad pueda decidir, producir, gestionar y beneficiarse de su propia energía de bajo impacto.
“No se trata únicamente de cambiar tecnología, se trata de cambiar prioridades, priorizar primero a quienes hoy pagan más por una energía más sucia, priorizar a las familias que viven en las periferias a que a quienes destinan una parte desproporcionada de ingresos a la luz o al gas o a las mujeres cuidadoras que dependen de energías caras e insuficientes”, sostuvo.
De alcanzar estas metas, el legislador señaló que la transición energética impactará en rubros que le otorgan el carácter de justicia social, como menos gasto en luz, más presupuesto para alimentos, educación y salud, horas recuperadas para quienes cuidan y una ciudad más sana.
El congresista destacó que la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano; sin embargo, aún no establece de manera explícita el deber del Estado capitalino de garantizar las medidas energéticas como políticas de estado y dicha omisión jurídica tiene consecuencias significativas en los esfuerzos por avanzar hacia energías limpias, que dependen de la voluntad política de cada administración y no son obligación institucional.
Torres González reconoció que la actual administración capitalina realiza acciones en materia de medioambiente y recordó que esta iniciativa nació en el Parlamento Ambiental de la Ciudad de México, fundada en la propuesta de Rebeca Nieto, quien exhortó que la sostenibilidad no sea solo un discurso sino un derecho exigible.