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La Policía surcoreana ha iniciado una investigación contra el presidente Yoon Suk-yeol por presunta traición tras haber decretado la ley marcial el pasado martes, medida que desató protestas masivas y una crisis política en el país.
Este jueves, Yoon aceptó la dimisión de su ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, señalado por ordenar el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional, acción que intensificó la presión ciudadana y política para la destitución del mandatario.
La pesquisa fue asignada al equipo de Seguridad de la Agencia Nacional de Policía, tras denuncias presentadas por el partido opositor Rebuilding Korea Party y un grupo de activistas.
Las acusaciones apuntan no solo a Yoon, sino también a altos funcionarios como el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, el jefe del Estado Mayor, general Park An-su, y el ministro del Interior, Lee Sang-min.
Se les acusa de traición y otros delitos por su papel en la controvertida declaración y revocación de la ley marcial.
Kim Yong-hyun, considerado un aliado cercano de Yoon, dejó su cargo este jueves, reconociendo su responsabilidad en la orden de bloquear físicamente a legisladores opositores en la sede parlamentaria.
La medida, revocada apenas seis horas después de su anuncio, argumentaba que la oposición realizaba “actos antiestatales”. La Asamblea Nacional la anuló pese a la intervención militar, marcando un episodio de caos político que ha dejado al Gobierno en una posición crítica.
Oposición impulsa su destitución
El Partido Democrático (PD), mayoritario en el Parlamento con 192 escaños, anunció su intención de someter a votación este sábado una moción para destituir al presidente. Para que prospere, se requiere el apoyo de dos tercios de la cámara, lo que obligará a la oposición a captar al menos ocho votos del gobernante Partido del Poder Popular (PPP).
El líder del PPP, Han Dong-hoon, ha calificado la ley marcial de “inconstitucional” y ha instado a Yoon a abandonar la formación política.
Sin embargo, también ha prometido trabajar para que la moción no sea aprobada, reflejando la división interna dentro del partido gobernante ante el clamor popular para que el presidente asuma responsabilidades.
Protestas y huelgas
Las movilizaciones ciudadanas contra Yoon continuaron este jueves en distintas partes de Corea del Sur. Sindicatos han convocado a una huelga general indefinida para exigir su renuncia, mientras crece la presión para que el Gobierno aborde la crisis política.
En caso de que la moción sea aprobada, Yoon quedaría inhabilitado y el primer ministro, Han Duck-soo, asumiría el cargo interinamente, a la espera de que el Tribunal Constitucional determine si el mandatario vulneró la Carta Magna.
El fallo deberá emitirse en un plazo máximo de 180 días, lo que podría marcar el futuro de la presidencia surcoreana.