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El sistema de cortes de inmigración en EU enfrenta un colapso sin precedentes. Con más de 3.7 millones de casos pendientes, la decisión del presidente Donald Trump de despedir a jueces migratorios ha intensificado la crisis.
Según el American Immigration Council, esta medida no solo ralentizará los procesos de asilo y deportación, sino que también podría traer restricciones adicionales para los migrantes que buscan regularizar su situación en el país.
El Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) reportó que 1.7 millones de los casos acumulados corresponden a solicitudes formales de asilo. A esta crisis se suma el alto número de detenciones: hasta el 9 de febrero, ICE tenía bajo custodia a 41,169 inmigrantes, de los cuales el 54.7 % carecían de antecedentes penales.
Menos jueces, más presión
Pese a que el Congreso ha autorizado la contratación de hasta 100 jueces migratorios por año en la última década, la Administración Trump optó por despidos masivos, dejando solo 715 jueces en funciones. La reducción de personal ha llevado a un aumento desproporcionado de carga de trabajo: cada juez debe resolver hasta 6,000 casos al año.
“Esto hará que los jueces presten menos atención a la situación de cada individuo”, lamentó Adriel Orozco, consejero sénior del American Immigration Council. Además, Trump ha impuesto cuotas de producción, exigiendo la resolución de al menos 700 casos anuales por juez para mantener una calificación satisfactoria.
Los datos del año fiscal 2024 muestran que los tribunales migratorios resolvieron 914.812 casos, un aumento del 36 % respecto a 2023. Sin embargo, la acumulación sigue en ascenso. Miami-Dade, en Florida, encabeza el número de deportaciones pendientes, mientras que Montana registra el mayor porcentaje de órdenes de remoción.
Niños migrantes desprotegidos
A la crisis judicial se suma la eliminación de representación legal para 26.000 niños migrantes no acompañados, muchos de ellos demasiado pequeños para leer o hablar. La organización Voto Latino calificó la decisión como una violación a los derechos humanos y alertó que miles de menores enfrentan procesos de deportación sin asistencia legal.
“Todos los niños, independientemente de su origen, merecen acceso al debido proceso”, denunció Voto Latino, haciendo un llamado al Congreso para intervenir.
El Acacia Center for Justice, una organización que brinda ayuda legal a menores inmigrantes, también informó que recibió una orden del Departamento del Interior para suspender sus programas de asistencia. En el año fiscal 2024, la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) recibió 98.356 casos de menores, muchos de ellos sin padres o tutores legales.
A medida que el sistema migratorio se desmorona, las voces en contra de estas políticas siguen creciendo, exigiendo medidas urgentes para evitar un colapso aún mayor.