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La administración Trump ha creado un registro que obliga a todos los inmigrantes en Estados Unidos a enviar su información personal y su estatus en el país, o de lo contrario enfrentarán multas e incluso penas de prisión, según un borrador de regulación al que tuvo acceso este martes una periodista de The Wall Street Journal.
Los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en el país, incluidos niños de 14 años o más, deberán presentar sus huellas dactilares y domicilios al registro, según muestran los documentos. Los inmigrantes que cumplan los requisitos pero no se registren podrían ser castigados con una multa de hasta 5,000 dólares y una sentencia de hasta seis meses de prisión.
De confirmarse la información, la Administración republicana habría subido un peldaño más en su guerra contra la inmigración irregular, que bajo el gobierno de Joe Biden aumento en tres millones hasta alcanzar los 14 millones de indocumentados, según fuentes oficiales.
Desde el regreso de Trump al poder, los inmigrantes indocumentados están sujetos a detención y deportación, incluso si no poseen un registro criminal, como una simple multa de tráfico, como denuncian organizaciones proinmigrantes.
Con la nueva reglamentación, informa el diario conservador neoyorquino, los indocumentados, además de incurrir en un delito civil (multas y posible deportación) estarán sujetos a un delito penal, lo que implica cárcel por el mero hecho de no haber acudido a registrarse.
La normativa, que se espera que termine de definirse durante esta misma semana, se aplica a los inmigrantes mayores de 14 años y dispondrán de treinta días para aportar la información exigida, según el documento de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS son sus siglas en inglés) al que tuvo acceso el diario.
Estarán obligados a facilitar su información personal, sus huellas dactilares y su lugar de residencia. También obliga a los padres a cumplir con el registro de sus hijos. Las multas máximas por infringir la norma serán de 5,000 dólares a medio año de cárcel, además de la posterior deportación.
“Los extranjeros que se encuentran en este país ilegalmente enfrentan una elección”, escribe en el documento al que ha tenido acceso el WSJ la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.. “Pueden regresar a casa y seguir el proceso legal para venir a Estados Unidos o pueden lidiar con las consecuencias de seguir violando nuestras leyes”.
Según el Wall Street Journal “es de esperar que muchos de los inmigrantes afectados por el nuevo régimen no cuenten con ese dinero, por lo que su incumplimiento podría tener como efecto el aumento de la población entre rejas de un país aquejado por un problema de encarcelamiento masivo”.
Dos precedentes peligrosos
La norma que su Administración está a punto de adoptar tiene dos precedentes: las medidas adoptadas tras el ataque del 11-S por George W. Bush, que exigió a miles de musulmanes que se reportaran a las autoridades, y muchos acabaron deportados, y durante la “caza de brujas” emprendida por el senador Joseph McCarthy en la década de los 50 contra cualquier sospechoso o acusado de ser comunista.