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El expresidente filipino, Rodrigo Duterte, denunció este viernes desde el centro de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) que fue “secuestrado” el martes 11 de marzo en el aeropuerto de Manila y trasladado “extrajudicialmente” a La Haya, sede del tribunal de la ONU, que juzga a personal por los crímenes más graves contra la humanidad.
Jugando a la carta del mal estado de salud para tratar de anular su juicio (cumple 80 años el 28 de marzo), Duterte es el tercer exjefe de Estado del mundo que se sentará en el banco de los acusados del tribunal de la ONU en La Haya en 22 años de existencia: el primero fue expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, arrestado en 2011 por masacres ocurridas bajo su mandato durante un proceso electoral y absuelto en 2019 por falta de pruebas; y el exlíder yugoslavo Slobodan Milosevic, cuyo juicio comenzó en 2002 por masacres contra bosnios y croatas, pero no fue sentenciado, ya que falleció en 2006 mientras estaba bajo custodia en La Haya.
Omar al Bashir, expresidente de Sudán, enfrenta cargos en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio relacionados con el conflicto en Darfur (Sudán), entre 2003 y 2008. La CPI emitió dos órdenes de arresto en su contra: la primera en marzo de 2009 y la segunda en julio de 2010, que incluyó cargos adicionales de genocidio.
Aunque Al Bashir fue derrocado en 2019, sigue prófugo y no ha sido entregado a la CPI. El caso permanece en la etapa preliminar, ya que la CPI no puede juzgar a individuos en ausencia
¿Por qué es tan importante el proceso contra Duterte?
Porque sienta un precedente judicial por la naturaleza de los crímenes de los que se le acusa, ya que no es por motivos raciales, políticos, religiosos o étnicos, ni por conflictos bélicos, sino por un delito que no había sido tipificado cuando se creó el tribunal de La Haya: la guerra contra las drogas.
Duterte ganó las elecciones en 2016 prometiendo mano dura contra el crimen organizado. Cuando llegó al poder declaró la guerra sin cuartel contra los narcotraficantes y también contra los consumidores de drogas, y lo hizo con la siguiente declaración: “Hitler masacró a tres millones de judíos (en realidad fue el doble). Ahora hay aquí (en Filipinas) tres millones de drogadictos. Estaría feliz de masacrarlos”.
Luego armó a “escuadrones de la muerte” y les dio vía libre para eliminar a cualquier sospechoso. Entre 6 mil y 30 mil filipinos fueron ejecutados extrajudicialmente hasta el final de su mandato, en 2022, el mismo año en el que cayó en la cuenta de que Filipinas era firmante del Estatuto de Roma, organismo creado por la ONU para juzgar los delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
¿Por qué Duterte ha podido ser entregado a La Haya?
Precisamente, porque en los cinco primeros años de su sexenio (2016-2022), Filipinas sí aceptaba el mandato del tribunal de la ONU. El Estatuto de Roma establece que los crímenes de guerra y lesa humanidad no prescriben, por tanto, los investigados a Duterte seguían vigentes, pese a que en 2022 sacó al país de la CPI.
Además, se cumplió otro elemento clave para que la justicia universal funcionara: que el actual gobierno filipino obedeciera el mandato de la CPI.
El actual presidente filipino, Ferdinand Marcos jr., hijo del exdictador Ferdinand Marcos, fue quien autorizó el arresto y traslado a La Haya de Duterte, su aliado de gobierno tras ganar las elecciones en 2022, a cambio de que nombrara a su hija, Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas.
Pero pronto surgieron diferencias y el expresidente lo acusó a Marcos de débil frente al crimen organizado y de ser un “drogadicto”.
Pero la venganza es un plato que se sirve frío y éste se sirvió el 11 de marzo, cuando Marcos jr ordenó detener al poderoso y temido Duterte en el aeropuerto de Manila, atendiendo la orden de arresto internacional emitida cuatro días antes por la CPI.
Como a tantos otros dirigentes criminales, Duterte nunca creyó en el poder de la justicia universal y siempre confió en que la impunidad era imperecedera. Muchos otros líderes lo siguen creyendo.
¿Por qué hay orden de arresto contra Netanyahu y contra Kim no?
Al igual que ahora Filipinas, Israel y Corea del Norte no forman parte del Estatuto de Roma, como tampoco la mayoría de naciones campeonas en violar los derechos humanos, como China, Rusia, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudí, Nicaragua o Cuba. Pero a veces el manto de inmunidad tiene agujeros.
Por uno de ellos se coló la CPI el 21 de noviembre de 2024, día en que emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces secretario de Defensa, Yoav Gallant, acusados de usar la hambruna en Gaza contra toda la población palestina, a la que declaró la guerra tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023.
La orden de arresto internacional contra Netanyahu tomó por sorpresa a Israel, ya que el Estado judío se creía fuera de la jurisdicción del tribunal de la ONU. Fue posible porque Palestina, aunque no es un Estado miembro de la ONU de pleno derecho, sí lo es para la CPI desde 2015, cuando le permitió acogerse bajo este paraguas para intentar frenar los crímenes de Israel contra los palestinos de los territorios ocupados.
El gobierno israelí acusó a la ONU de antisemita y “amiga de los terroristas”, pasando por alto que, ese mismo día, La Haya emitió otra arresto contra Mohamed Deif, líder del brazo militar de Hamás, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con el atentado terrorista en territorio israelí (orden que quedó anulada tras confirmarse su muerte).
El caso de Kim Jong-un es diferente. Aunque el dictador norcoreano provoca a sus vecinos con pruebas nucleares que acaban en el mar, no ha podido ser acusado por Corea del Sur (que sí es un Estado firmante del Estatuto de Roma) por crímenes de guerra.
Existe una montaña de evidencias de crímenes cometidos por Kim contra su propio pueblo, como han detallado los desertores del hermético régimen comunista; pero, en los casos de países no integrantes de la CPI, sólo el Consejo de Seguridad de ONU está autorizado para emitir una orden de arresto internacional, y ninguna iniciativa ha prosperado porque el “querido líder” norcoreano cuenta con el veto de China y Rusia.
Es el mismo caso de otros criminales, como el dictador nicaragüense Daniel Ortega o el ayatolá Alí Jamenei en Irán, que reprimen con extrema crueldad a sus propios pueblos, gracias a que cuentan con el veto de impunidad de Rusia y China en el Consejo de Seguridad. Lo mismo sucede con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman (el que ordenó descuartizar a un periodista crítico saudí) que cuenta con el veto de EU.
¿Por qué pese a la orden de arresto contra Netanyahu está libre?
Porque ni el Tribunal Supremo de Israel ni ningún mando militar de ese país han dado cumplimiento a la orden de arresto de la CPI, ni desde luego tampoco lo ha hecho el presidente de EU, Donald Trump, quien lo recibió con los brazos abiertos el 5 de febrero en la Casa Blanca.
Si Netanyahu sigue cometiendo crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania es porque tiene garantizado el veto de EU en el Consejo de Seguridad.
¿Por qué el Consejo de Seguridad arropa de impunidad a acusados de crímenes de guerra?
Por una anomalía que arrastra la ONU desde su nacimiento en 1948: el injusto derecho a veto que se le concedió a las cinco potencias nucleares reconocidas —EU, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña—, que no lo usan en defensa de la estabilidad mundial, sino para defender sus propios intereses y el de sus aliados, sin importarles la agresión que pueda hacer a países o a sus propios ciudadanos de forma masiva.
Uno de los casos más terribles que quedaron en la impunidad por culpa del mal uso del veto en la ONU ocurrió la madrugada del 21 de agosto de 2013 en la aldea de Guta, cerca de Damasco, la capital siria, cuando las tropas leales a Asad lanzaron bombas con el agente sarín, que asfixiaron en cuestión de minutos en espantosa agonía a entre 281 y mil 729 personas, muchos de ellos bebés. El presidente Vladimir Putin, aliado de Bachar al Asad, ordenó al embajador ruso vetar en la ONU la investigación de este crimen de lesa humanidad. En la actualidad, el “tirano de Damasco” vive refugiado en Moscú, tras ser derrocado por sus víctimas, el 8 de diciembre.
¿Por qué el caso Putin es único?
Putin personifica tanto la esperanza de que la justicia universal puede dar un zarpazo a los más intocables, y al mismo tiempo, es el ejemplo vivo de que queda mucho camino por recorrer para que los autores de los crímenes más graves paguen por sus delitos.
El presidente ruso es el único jefe de Estado en activo con una orden de arresto internacional por crímenes de guerra contra un país no firmante del Estatuto de Roma en el momento de la agresión (que comenzó en octubre de 2022); en concreto contra Ucrania. El autócrata ruso está acusado del secuestro masivo de niños ucranianos.
La orden de arresto internacional contra Putin (cursada el 17 de marzo de 2023) fue posible porque la Corte Penal Internacional recurrió por primera vez a una herramienta en caso extremo: la “aceptación de jurisdicción” de un país no miembro que solicita de forma urgente el amparo internacional contra el líder de otro país no miembro, en caso de agresión masiva.
Ucrania logró activar esta herramienta extrema ante la indefensión de su pueblo y comprometiéndose a adherirse por la vía rápida a los 124 países que reconocen los tribunales de la ONU, proceso que culminó el 1 de enero de 2025.
Pero, la otra cara de la moneda, es que Putin casi con seguridad nunca pagará por sus crímenes (ni los cometidos en Chechenia, ni contra los opositores rusos, ni por declarar la guerra a otro país que no agredió al suyo, ni por lo que está acusado en La Haya) por su derecho a veto en la ONU, por su poder disuasorio nuclear, y porque ha encontrado el mejor aliado posible para imponer un nuevo orden mundial iliberal, basado en la fuerza bruta y la destrucción de la democracia: Donald Trump.