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La CIA está revisando las consecuencias legales en caso de que deba usar la fuerza letal contra los cárteles de la droga en México y otros países, en caso de que el presidente Donald Trump ordene a la agencia de inteligencia participar directamente en la lucha contra los cárteles, según confirmaron a CNN fuentes cercanas.
La revisión no indica necesariamente que el presidente ya haya ordenado a la CIA tomar medidas directas contra los cárteles, sino que es una medida preventiva que está diseñada para ayudar a la agencia a comprender qué tipo de actividades podría llevar a cabo legalmente y cuáles serían los riesgos potenciales en todas las opciones disponibles, según las fuentes, lo que subraya la seriedad con la que la administración republicana está considerando la posibilidad de una intervención militar en territorio mexicano.
En febrero, el gobierno de Trump designó a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y puso a volar drones de la CIA y del Ejército sobre el espacio aéreo mexicano para espiar la localización de los laboratorios de fentanilo, como informó The New York Times y sigue negando hasta la fecha el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Daños colaterales
También pone de relieve la preocupación de que el uso de herramientas antiterroristas tradicionales contra los cárteles conlleva un riesgo mucho mayor de daños colaterales para los ciudadanos estadounidenses, ya que su presencia en México es mucho mayor que en países donde ha realizado numerosas operaciones letales en el pasado, como Irak, en Oriente Medio.
Entre los temas que los abogados de la agencia están examinando se encuentra la responsabilidad de la CIA y sus agentes en caso de muerte accidental de un estadounidense en cualquier operación.
“Los funcionarios de la agencia se muestran cautelosos al utilizar recursos que tradicionalmente perseguían objetivos militares y que ahora se podrían emplear contra objetivos de cárteles”, según una de las fuentes consultadas.
Sin comentarios de la CIA
CNN no pudo determinar si la iniciativa fue ordenada por la Casa Blanca o por el director de la CIA, John Ratcliffe, o si se llevó a cabo como una medida de planificación prudente por parte del personal de la agencia en respuesta a las claras señales de que el gobierno Trump desea que las agencias de seguridad nacional aumenten la presión sobre los cárteles.
“Si algún Gobierno nos presiona para hacer algo que pueda tener importantes consecuencias negativas para la agencia, [la CIA] querrá verificar dos y tres veces: ‘¿Es legal?’ y ‘¿tenemos una dirección política extraordinariamente clara para hacer lo que vamos a hacer?‘”, dijo un exfuncionario de la CIA con experiencia en la elaboración de este tipo de revisión.
“El hecho de que algo sea legal bajo [el derecho de los conflictos armados] no significa que sea algo que se deba hacer”, dijo esta persona, refiriéndose a los protocolos que regulan la conducta de los Estados durante la guerra. “Hay un componente ético. Hay un componente práctico. Hay un componente pragmático”.
La CIA tiene la autoridad legal para llevar a cabo ataques letales por sí misma o proporcionar información sobre objetivos u otro tipo de apoyo a otra nación para que los lleve a cabo, siempre que cuente con la debida autorización del presidente y se ajuste al conjunto interconectado de leyes y regulaciones estadounidenses que rigen los conflictos armados.
Pero hacerlo contra miembros de cárteles en una zona donde, comparativamente, hay muchos más ciudadanos nacidos en Estados Unidos y titulares de tarjetas de residencia permanente (personas que podrían tener legitimidad para demandar al Gobierno estadounidense si sufren daños) es una novedad para la CIA.
“No se trata de si pueden o no usar fuerza letal. Pueden”, declaró una de las personas informadas sobre la revisión. “Se trata más bien de las implicaciones de que los estadounidenses resulten heridos o muertos debido a su amplia presencia en el espacio”.
Los daños colaterales también podrían repercutir en cualquier país socio que permita a la CIA llevar a cabo acciones directas dentro de sus fronteras o que acepte el apoyo de inteligencia de la agencia para llevar a cabo sus propias operaciones letales, señaló el funcionario estadounidense.
Si el apoyo de la CIA genera un problema político para el país socio —México, por ejemplo—, su gobierno podría negarse a permitir que la agencia opere allí en el futuro.
Represalia de los cárteles
Exfuncionarios también han advertido sobre los riesgos de represalias por parte de los cárteles, algunos de los cuales mantienen presencia en Estados Unidos.
“Los cárteles mexicanos no son simplemente organizaciones criminales; operan como entidades paramilitares con amplios recursos financieros, cadenas de suministro globales y sofisticadas redes logísticas que se extienden hasta Estados Unidos”, escribió Doug Livermore, especialista en guerra irregular y exfuncionario del Departamento de Defensa, en un estudio reciente para el Atlantic Council, un centro de estudios sobre asuntos internacionales.
“Es muy probable que los cárteles tomen represalias”, agregó y “poseen una capacidad sustancial para el terrorismo que, sumada a su presencia establecida en Estados Unidos, podría intensificar el conflicto”.
Una de las personas informadas sobre la revisión afirmó que esta reflejaba una profunda memoria institucional del programa de “interrogatorios mejorados” del Gobierno de George W. Bush, que los legisladores y el Gobierno de Obama posteriormente consideraron tortura.
En ese caso, según exfuncionarios, la agencia llevó sus operaciones al límite de lo que creían que la ley podía tolerar. Los críticos, por supuesto, sostienen que la agencia y el Gobierno excedieron lo legal, y en los años posteriores, la CIA y sus agentes fueron sometidos a una serie de investigaciones públicas y de alto perfil sobre la pertinencia de sus acciones.
Este tipo de revisión, según las personas informadas, refleja la comprensión de que la agencia podría ser llamada a rendir cuentas por cualquier acción que tome contra los cárteles, especialmente si hay consecuencias negativas. Y especialmente si la agencia lleva a cabo operaciones que, en última instancia, se consideran desproporcionadas a la amenaza de los cárteles, criterios clave que la acción letal debe cumplir según el derecho de los conflictos armados.
La evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia estadounidense, publicada el mes pasado, se centró principalmente en la amenaza de los cárteles de la droga, aparentemente por primera vez en los casi 20 años de historia del informe. Sin embargo, muchos funcionarios de Seguridad Nacional, actuales y anteriores, han argumentado repetidamente que, si bien los cárteles son un problema grave, no representan una amenaza existencial para el país.