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A tan solo 24 horas de celebrarse la segunda vuelta presidencial, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este sábado un nuevo estado de excepción en siete provincias, el Distrito Metropolitano de Quito, un cantón de Azuay y en todos los centros penitenciarios del país.
La medida tendrá una duración de 60 días e incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas, suspensión de derechos constitucionales, restricciones a la movilidad y toque de queda en 22 municipios.
El decreto afecta a las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Orellana y Sucumbíos, así como a Quito y al cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay.
Además, se extiende a los centros de privación de libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, foco de recurrentes masacres carcelarias en los últimos años.
Entre las disposiciones adoptadas figura la suspensión de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, además del toque de queda diario de 22:00 a 05:00 en los territorios mencionados, con excepción de la capital.
El presidente ordenó, además, la movilización nacional de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bajo el argumento de garantizar la seguridad integral del Estado.
“Grave conmoción interna”
La decisión se basa en una “grave conmoción interna”, de acuerdo con lo expuesto por Noboa en el decreto oficial, debido al incremento sostenido de la violencia, la expansión de los delitos y la presencia activa de grupos armados organizados, tanto en las zonas declaradas en excepción como en el sistema penitenciario nacional.
Ecuador vive bajo la figura legal de “conflicto armado interno” desde enero de 2024, cuando el mandatario declaró la guerra contra las bandas del crimen organizado, a las que comenzó a designar como “grupos terroristas”.
En ese contexto, el gobierno ha intensificado las operaciones militares y policiales para recuperar el control territorial, particularmente en regiones costeras clave como Guayas y Manabí, principales epicentros del narcotráfico y la violencia.
En el documento legal, Noboa argumenta que la duración del estado de excepción —60 días— es necesaria para “mitigar los hechos fácticos planteados y coadyuvar el accionar” de las fuerzas de seguridad. El objetivo, dijo, es mantener la soberanía, el orden público y la integridad nacional, especialmente de cara al proceso electoral.
Un país en tensión define su rumbo político
Más de 13,7 millones de ciudadanos están convocados este domingo a las urnas para elegir al presidente que gobernará hasta 2029. La contienda enfrenta al propio Noboa, quien aspira a un mandato completo luego de su gestión interina desde 2023, y a la correísta Luisa González, quien podría convertirse en la primera mujer en ser electa presidenta en la historia del país.
El proceso electoral estará bajo una observación inédita. Los grupos políticos que respaldan a ambos candidatos han acreditado a 92,112 observadores para monitorear el desarrollo de la votación en las juntas receptoras del voto y en los más de 1,600 centros de escaneo de actas a nivel nacional.
A estos se suman delegaciones internacionales, entre las que destacan misiones de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ya han expresado su interés en verificar la transparencia y legalidad del proceso.
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, anticipó que esta será “una de las elecciones más observadas” de la historia reciente del país, en un contexto de alta polarización política y crisis de seguridad.
El voto anticipado ya se llevó a cabo entre jueves y viernes en centros penitenciarios y en los domicilios de personas mayores de 50 años con una discapacidad superior al 75 %, inscritas en el padrón especial.
Las autoridades han garantizado que la jornada del domingo contará con seguridad reforzada y que todos los electores podrán ejercer su derecho al voto sin contratiempos, aunque la presencia militar será visible en zonas críticas.