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La Corte Suprema de EU aceptó este jueves revisar el intento del presidente Donald Trump de eliminar el derecho automático a la ciudadanía para hijos nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o visitantes temporales.
El tribunal programó una audiencia extraordinaria para el próximo 15 de mayo, aplazando cualquier decisión sobre las medidas cautelares vigentes que han bloqueado la orden ejecutiva de Trump a nivel nacional.
La medida, que niega la ciudadanía a bebés nacidos en EU cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales, afectaría a más de 150,000 recién nacidos cada año, según estimaciones independientes.
Aunque tribunales inferiores han suspendido la aplicación de la orden mientras continúa el litigio, el gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema levantar o restringir esas suspensiones, al menos para permitir que las agencias federales comiencen a preparar su implementación.
Desafío a la 14ª Enmienda
En el centro del caso se encuentra la interpretación del cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda, adoptada en 1868 para garCiudadaantizar la nacionalidad a personas esclavizadas liberadas tras la Guerra Civil, y que establece que toda persona nacida en Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana del país.
Durante más de un siglo, tribunales, el Congreso y sucesivas administraciones han interpretado esa disposición como una garantía universal de ciudadanía por nacimiento, excepto para hijos de diplomáticos extranjeros.
En 1898, la Corte Suprema reafirmó ese principio en el caso Wong Kim Ark, otorgando la ciudadanía a un niño nacido en San Francisco de padres chinos sin derecho a naturalización.
Trump y su equipo legal argumentan que los inmigrantes sin estatus legal no están “sujetos a la jurisdicción” de EU, y que por tanto sus hijos no califican como ciudadanos.
El procurador general D. John Sauer defendió la medida como un “restablecimiento del significado original de la Enmienda”, alegando que el sistema actual “recompensa el quebrantamiento de la ley e incentiva la inmigración ilegal”.
El gobierno de Trump también ha usado el caso para atacar el uso de medidas cautelares de alcance nacional, que han bloqueado decenas de sus políticas desde su primer mandato.
“La intervención de esta Corte es urgente: las órdenes universales se han convertido en un tsunami”, escribió Sauer, citando 28 fallos emitidos solo entre febrero y marzo.
Advertencias sobre discriminación estatal
Los opositores a la medida, entre ellos 22 estados liderados por fiscales demócratas, organizaciones de derechos de inmigrantes como CASA y el Asylum Seeker Advocacy Project, han advertido que aprobar el plan de Trump provocaría un sistema caótico y desigual, donde el estatus de ciudadanía de un bebé dependería del estado donde nace.
“El mismo niño nacido en Nueva Jersey podría ser ciudadano, pero en Tennessee sería deportable”, alertaron. Además, subrayaron que la orden afectaría también a hijos de personas con visas de trabajo o estudio, sin relación con la migración irregular por la frontera sur.
En una presentación judicial, el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, señaló que la medida “infligiría daños irreparables a cientos de miles de niños nacidos en EU y a los estados que dependen de un marco legal claro y equitativo”.
La ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento es parte de una agenda migratoria de largo aliento del expresidente, impulsada por grupos nacionalistas desde la década de 1990. Su regreso al poder ha reactivado esta propuesta, que choca de frente con precedentes judiciales históricos y ha sido rechazada por la mayoría de constitucionalistas.
El fallo que eventualmente emita la Corte Suprema no solo tendrá consecuencias inmediatas para millones de familias, sino que también podría sentar un precedente duradero sobre el alcance de los derechos constitucionales en el país.