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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó al Gobierno de Donald Trump suspender la deportación de un grupo de aproximadamente 50 inmigrantes venezolanos detenidos en el centro de reclusión Bluebonnet, Texas.
La administración republicana planeaba trasladarlos a El Salvador y encarcelarlos en una prisión de máxima seguridad del gobierno de Nayib Bukele, invocando para ello la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra.
La decisión judicial, adoptada la madrugada de este sábado, impide cualquier traslado hasta que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito se pronuncie sobre el caso. “Se ordena al Gobierno que no expulse de los Estados Unidos a ningún miembro del grupo putativo de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal”, señala el dictamen.
Solo dos magistrados —Clarence Thomas y Samuel Alito, ambos de línea dura— votaron en contra, y Alito se comprometió a publicar una opinión disidente.
Ley arcaica para guerra inexistente
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido aplicada solo tres veces en la historia del país, siempre en el marco de guerras oficialmente declaradas: en 1812, durante la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue usada para internar a civiles estadounidenses de origen japonés.
La administración Trump pretende ahora usarla contra supuestos integrantes del Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela, bajo el argumento de que representa una amenaza extranjera a la seguridad nacional.
Sin embargo, las juezas progresistas del Supremo han subrayado que no existe una guerra entre Estados Unidos y Venezuela ni puede considerarse al Tren de Aragua una “nación extranjera” que justifique una aplicación legal semejante.
“Esto cambió el 14 de marzo de 2025, cuando el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para abordar una supuesta ‘invasión’ por parte del Tren de Aragua”, argumentaron, tachando de inconstitucional e ilegítima la aplicación de la norma.
Resistencia judicial e institucional
El revés judicial coincide con un periodo de creciente resistencia institucional frente al avance autoritario del segundo mandato de Trump. El poder judicial se ha convertido en un importante dique frente a una Casa Blanca decidida a doblegar a universidades, medios, ONGs, despachos legales y agencias federales a base de amenazas y represalias.
Un ejemplo simbólico es el de la Universidad de Harvard, que esta semana decidió no acatar las imposiciones de la administración en materia de admisión, contratación y contenidos académicos.
Trump amenazó con retirar su financiamiento, eliminar sus privilegios fiscales y frenar la matrícula de estudiantes internacionales. Pero Harvard plantó cara, y en universidades como Yale y el MIT crecen los llamados a la resistencia.