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Este lunes el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, firmó un serial de leyes que refuerzan la represión de la disidencia; la nueva legislación tipifica como delitos algunas acciones como la crítica o el descrédito al ejército, el pedir sanciones en contra de Rusia o el ayudar a organizaciones internacionales de las que Moscú no forme parte, como la Corte Penal Internacional, organismo que emitió una orden de detención en contra de Putin en 2023.
Este tipo de leyes ven la luz ante el creciente aumento en la presión de la oposición tras la dilatada invasión rusa de Ucrania, en una atmósfera sobre cargada de sanciones económicas y el aislamiento político al que occidente ha confinado a Putin.
Una de las nuevas leyes prohíbe los llamados “agentes extranjeros”, calificación usada para aludir a los críticos al régimen ruso y, particularmente, a aquellos que pretenden desacreditar la incursión de Rusia sobre Ucrania; así mismo, la ley pretende prohibir que estos “agentes” lleven a cabo actividades educativas o formen parte de los consejos administrativos de empresas estatales.
La ley de agentes extranjeros también considerará como tal a todo aquel que facilite acciones o participe de la actividad de organismos internacionales de los que Rusia no forme parte; aunque esta legislación data del año 2012, los refuerzos de Putin a la norma amplían considerablemente el rango de acción para extender el calificativo a más actividades que el gobierno presume disidentes.
Según agencias como EFE y AFP, la lista de “agentes extranjeros” consta actualmente de unas mil personas y organizaciones entre músicos, escritores o periodistas, por mencionar algunos rubros; la mayoría de los individuales contenidos en el listado permanecen en el exilio.