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Una coalición de 12 estados, liderada por los fiscales generales de Oregón y Arizona, presentó este miércoles una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (CIT) con el objetivo de bloquear los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.
Según los estados demandantes, las tarifas “son ilegales” y fueron implementadas sin la debida intervención del Congreso.
La querella impugna cuatro órdenes ejecutivas mediante las cuales Trump ha establecido una batería de tarifas que afectarán de manera significativa al comercio internacional.
Entre ellas se incluyen aranceles del 145 % a la mayoría de productos procedentes de China, del 25 % para productos de México y Canadá —socios clave en la región—, y del 10 % a importaciones del resto del mundo.
Además, la administración planea ampliar estas medidas a otros 46 países a partir del 9 de julio.
Advertencia de inflación
Los fiscales advirtieron que estas políticas comerciales representan una amenaza directa para las economías estatales. Dan Rayfield, fiscal general de Oregón, fue contundente: “No nos quedaremos de brazos cruzados ante esta guerra económica. Estos aranceles afectan cada aspecto de nuestras vidas y tenemos la responsabilidad de contrarrestarlos”.
Kris Mayes, fiscal de Arizona, calificó el plan arancelario como “descabellado” y “económicamente imprudente”, además de “ilegal”, al considerar que viola los límites constitucionales del poder ejecutivo.
Ambos funcionarios citaron estudios que indican que durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el 95 % del impacto de los aranceles fue absorbido por consumidores y empresas estadounidenses, no por los países extranjeros.
Los demandantes también señalaron que tanto la Reserva Federal como el FMI proyectan que esta nueva ola de tarifas agravará la inflación en Estados Unidos, afectando el poder adquisitivo y los precios de bienes básicos en todo el país.
Se extiende la ofensiva judicial
Además de Oregón y Arizona, la demanda cuenta con el respaldo de los estados de Nevada, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nuevo México, Nueva York y Vermont. Esta ofensiva legal sigue a una acción similar emprendida la semana pasada por California, que también acusó al Gobierno federal de violar la Constitución al aplicar medidas arancelarias sin aprobación legislativa.
La batalla judicial se suma al creciente clima de tensión entre los estados demócratas y la Casa Blanca, donde las decisiones comerciales de Trump están siendo vistas no solo como económicamente perjudiciales, sino como una provocación política en pleno año electoral.
Por ahora, el futuro de la guerra arancelaria se jugará no solo en las fronteras comerciales, sino en los tribunales federales.