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La Corte Suprema de Estados Unidos, con supermayoría conservadora, autorizó este lunes al presidente Donald Trump que revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 300 mil venezolanos, que tendrán que prepararse para ser deportados.
El fallo supone un golpe durísimo contra la comunidad venezolana, en su mayoría concentrada en Florida, que acogió a los solicitantes del programa y ve como una traición la decisión de Trump, pese a que su voto ayudó a que ganara las elecciones.
A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un “daño irreparable” a quienes se han acogido a dicha protección y sus familias.
Bajo la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió extender este beneficio a los venezolanos, argumentando que Venezuela estaba pasando por una “emergencia humanitaria” causada por una crisis política y económica, así como persecución del régimen de Nicolás Maduro, acusado por la ONU de graves violaciones a los derechos humanos.
“Daño irreparable”
Los abogados de la Casa Blanca habían solicitado al Supremo anular la orden del juez californiano y defendieron su derecho a eliminar el TPS, alegando que va en contra del “interés nacional” de EU y que los jueces federales no tienen la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”.
El TPS es un programa migratorio gestionado por el DHS, que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como “desgraciados” y “criminales”.
En el limbo otras 15 nacionalidades
Ahora, la Corte Suprema les da la razón y abre la puerta a también pierdan su estatuto de refugiados temporales cientos de miles de personas de hasta 16 países: Venezuela, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Ucrania, Nepal, Siria, Birmania, Afganistán, Yemen, Camerún, Sudán, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur (Cuba no se encuentra en la lista, por lo que los solicitantes de asilo de ese país lo hacen a través del llamado “parole humanitario”, que Trump también pretende eliminar).
Sólo originarios de El Salvador hay unos 200 mil inmigrantes amparados por el TPS, que esperan que la alianza del presidente Nayib Bukele con Trump les libre de la deportación cuando finalice el programa de estatus temporal, en septiembre.