El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington suspendió de forma cautelar la aplicación de la sentencia que esta semana había declarado ilegales buena parte de los aranceles impuestos por Donald Trump, dando un alivio momentáneo al expresidente mientras se analiza el fondo del caso.
En una resolución de cuatro páginas emitida este jueves, el tribunal concedió la solicitud de la administración Trump para suspender temporalmente los efectos del fallo emitido por el Tribunal de Comercio Internacional. Aunque la suspensión no revoca la sentencia original, impide que sus efectos entren en vigor de inmediato, lo que había obligado a considerar acudir al Tribunal Supremo, opción que por ahora queda en pausa.
“Se concede la solicitud de suspensión administrativa inmediata [...] hasta nuevo aviso, mientras este tribunal examina los escritos de las mociones”, establece el documento.
El tribunal también ordenó a las partes mantenerlo informado sobre cualquier otra acción del Tribunal de Comercio Internacional respecto a las suspensiones pendientes, y fijó los plazos procesales: los demandantes tienen hasta el 5 de junio para responder, y el gobierno podrá presentar su respuesta consolidada hasta el 9 de junio.
Suspenso político y legal
El fallo original del miércoles invalidaba los aranceles globales anunciados el 2 de abril, incluyendo un 25 % a importaciones de Canadá y México, un 20 % a productos chinos —justificados por supuestos vínculos con el fentanilo y la inmigración— y los llamados “aranceles recíprocos” aplicables a prácticamente todos los países. El presidente los había rebajado parcialmente al 10 % por presión del mercado y anunciado una tregua de 90 días.
Según el Tribunal de Comercio Internacional, Trump violó la Constitución y excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) como base legal para una política arancelaria de tal magnitud. La sentencia sostenía que ni la Constitución ni el Congreso otorgan al presidente poderes tan amplios sin supervisión legislativa.
Casa Blanca carga contra los jueces
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no tardó en responder con dureza. En una rueda de prensa el jueves, acusó a los jueces de “extralimitarse” y de interferir peligrosamente en la capacidad del presidente para actuar en materia de comercio internacional.
“Estados Unidos no puede funcionar si el presidente Trump, o cualquier otro presidente, ve cómo sus delicadas negociaciones diplomáticas o comerciales se ven obstaculizadas por jueces activistas”, afirmó.
Leavitt insistió en que se trata de una “preocupante tendencia” de intervención judicial y sostuvo que “el Tribunal Supremo debe poner fin a esto por el bien de nuestra Constitución”.
Aunque el equipo legal de Trump había advertido que llevaría el caso al Tribunal Supremo si no se suspendía el fallo, la decisión de la Corte de Apelaciones ha pospuesto esa batalla. No obstante, la administración mantiene la opción sobre la mesa si el tribunal decidiera en junio mantener la sentencia activa mientras se resuelve el fondo del litigio.
En el recurso presentado este jueves, el gobierno argumentó que la interpretación presidencial de la ley de emergencia debería prevalecer, recordando que en el pasado el expresidente Richard Nixon impuso aranceles invocando una ley similar. Sin embargo, el fallo inicial analiza ese precedente y lo utiliza, precisamente, para justificar la invalidez de la actuación de Trump.
Desde la Casa Blanca, se advirtió que aplicar la sentencia tendría consecuencias inmediatas: “los acuerdos exitosos que el presidente ha alcanzado con múltiples países podrían desmoronarse”, se lee en el escrito gubernamental.