En una nueva maniobra que combina delirios conspirativos y uso faccioso del poder presidencial, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que el fiscal general y el consejero de la Casa Blanca investiguen a su antecesor, Joseph R. Biden Jr., por presuntamente haber sido suplantado —literalmente— durante su gestión.
El argumento: que algunas de sus decisiones presidenciales podrían ser inválidas porque habrían sido tomadas por sus asesores “sin su conocimiento”, o porque fueron firmadas con el sistema autopen.
El anuncio llega apenas días después de que Trump compartiera una publicación en redes sociales que afirmaba, sin pudor ni pruebas, que Biden fue “ejecutado en 2020” y sustituido por un clon robótico.
A pesar de que la teoría ha sido tachada de absurda incluso por sectores afines a Trump, el presidente decidió oficializar su paranoia con el aparato del Estado.
“Yo tomé las decisiones durante mi presidencia”, dijo Trump este miércoles, en un intento de contrastar su supuesta lucidez con la presunta incapacidad de Biden.
La orden ejecutiva, que acusa a los asesores de Biden de “abuso de poder”, menciona más de 1,200 documentos oficiales, 235 nombramientos judiciales y decenas de indultos que, según Trump, podrían haber sido emitidos “sin el conocimiento o consentimiento directo” del expresidente demócrata.
El texto llega además tras revelarse que Biden, de 82 años, fue diagnosticado con cáncer de próstata avanzado, lo que ha reavivado los cuestionamientos sobre su salud.
Autopen como evidencia
Uno de los ejes más insólitos de la orden es el uso del sistema autopen, un mecanismo que reproduce la firma del presidente en documentos oficiales. Según Trump, esta práctica invalida legalmente algunas decisiones de Biden, entre ellas, indultos emitidos durante su mandato. Paradójicamente, el propio Trump admitió haber usado el sistema durante su primera gestión.
Sin embargo, la legalidad del autopen fue resuelta desde 2005 por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, cuando el entonces presidente George W. Bush solicitó una opinión.
En ese entonces, Howard C. Nielson Jr., hoy juez federal nominado por el propio Trump, concluyó que el presidente no necesita firmar físicamente los documentos si ha dado instrucciones claras para su aprobación. “Puede dirigir a un subordinado a firmar en su nombre”, se lee en ese dictamen.
De la revancha política al absurdo institucional
Desde su regreso al poder, Trump ha lanzado una ofensiva abierta contra sus enemigos políticos, y Biden encabeza su lista. Le ha retirado su acceso a informes de inteligencia, ha ordenado revisar sus decisiones ejecutivas y ahora promueve la idea de que fue un títere sin control de su gobierno. La orden también menciona la posibilidad de revertir decisiones judiciales y administrativas tomadas bajo ese supuesto.
“Este no es un gobierno: es una vendetta con firma presidencial”, denunció en redes sociales un exfuncionario del Departamento de Justicia, que pidió el anonimato por temor a represalias.
La medida parece más un gesto simbólico para alimentar la base más radical de Trump que una acción con viabilidad legal. No existe ningún precedente constitucional ni jurisprudencial que permita anular indultos o leyes por haberse firmado con autopen, ni tampoco evidencia de que Biden no estuviera al tanto de las acciones de su gobierno.
Pese a lo insólito del contenido, la orden fue firmada y publicada con carácter de urgente, utilizando recursos del erario para investigar teorías de internet que rondan desde hace años en foros de desinformación. Trump no solo las adopta: las institucionaliza.