Las redadas migratorias en centros de trabajo continuaron este sábado en Los Ángeles por segundo día consecutivo, desatando un nuevo enfrentamiento entre agentes federales y manifestantes que intentaban impedir la salida de vehículos con detenidos.
La escena se tornó caótica cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) usaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que bloqueaba la salida de una empresa en Paramount, donde activistas reportaron al menos 65 arrestos.
Las escenas, cada vez más tensas, mostraron a decenas de agentes fuertemente armados y sin insignias visibles extrayendo a los detenidos en más de dos docenas de camionetas. Por segundo día consecutivo, la consigna “Fuera ICE” volvió a escucharse mientras crecía la indignación por las tácticas utilizadas, descritas por organizaciones civiles como operaciones de estilo militar que buscan aterrorizar a la comunidad migrante.
Durante la jornada, también se denunciaron redadas en supermercados latinos y otros comercios. En redes sociales circularon advertencias sobre la presencia de agentes federales en zonas populares, bajo el mensaje de que “la migra está a la caza”. La respuesta social no se hizo esperar: cientos de manifestantes bloquearon accesos y confrontaron directamente a los agentes.
Las detenciones no se limitaron a trabajadores indocumentados. Entre los arrestados también hubo manifestantes, como ocurrió el viernes con David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, quien fue herido mientras documentaba un operativo migratorio en el centro de Los Ángeles.
Incomunicados y sin defensa
Uno de los focos más alarmantes del sábado fue la negativa de las autoridades federales a permitir el ingreso de abogados y congresistas al centro de detención de ICE en Los Ángeles. El congresista Jimmy Gómez, quien intentó acceder, denunció que no se permitió el contacto con los detenidos “por motivos de seguridad”, según les informaron los agentes.
“Hay denuncias de hacinamiento, de personas detenidas sin comida ni agua, encerradas en salas oscuras por más de 24 horas. Queremos verificar las condiciones en las que están”, declaró Gómez. El legislador advirtió que los arrestados “no son criminales”, en respuesta a la narrativa oficial de la administración Trump.
Activistas también acusaron al gobierno federal de utilizar los fines de semana para realizar redadas, con la intención de obstaculizar la defensa legal de los detenidos y acelerar deportaciones sin garantías. Para Ron Góchez, director de Unión del Barrio, esto responde a una estrategia deliberada para evadir la resistencia social: “En Los Ángeles defendemos a nuestra comunidad a la hora que sea”, afirmó.
Organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) advirtieron que la administración Trump está utilizando estas redadas como una herramienta política. Jorge Mario Cabrera, vocero de CHIRLA, considera que se trata de una “cruel excusa” para distraer la atención del debate legislativo en el Senado, donde se discute un proyecto de ley que otorgaría miles de millones de dólares adicionales a las agencias migratorias.
La ofensiva, sin embargo, ha generado un efecto contrario: intensificó la movilización social y la indignación. La noche del viernes, más de mil personas rodearon el edificio federal en el centro de Los Ángeles, obligando a las autoridades a reforzar la seguridad del lugar.
En respuesta, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, denunció agresiones contra agentes del ICE, daños a vehículos y pintas en propiedades federales. “La alcaldesa (Karen) Bass debe exigir el fin de esta violencia. La retórica violenta de los políticos ha ido demasiado lejos”, reclamó la funcionaria.
“Usan máscaras para ocultar su vergüenza”
Para muchos activistas, la narrativa oficial pretende desviar la atención sobre el uso excesivo de la fuerza. Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Jornaleros, fue tajante al calificar los operativos como “asaltos” y criticó que los agentes utilicen máscaras, vehículos blindados y armas largas.
“No se atreven a mostrar la cara porque saben que lo que hacen es fundamentalmente incorrecto. Están violando la decencia humana más básica”, denunció Alvarado. El activista defendió el derecho de la comunidad a responder y organizó varias brigadas de observación para documentar los operativos.
El condado de Los Ángeles, donde se estima que cerca de un millón de personas no tiene estatus legal, se ha convertido en el epicentro de la resistencia contra las políticas migratorias del presidente Trump. “Están oprimiendo al pueblo, y el pueblo no lo permitirá”, sentenció Alvarado (con información de EFE).