Este viernes, al menos 25 palestinos que esperaban camiones de ayuda humanitaria murieron por disparos del ejército israelí al sur de Netzarim, en el centro de la Franja, según fuentes médicas locales. La escena, que se repite casi a diario, revela una dimensión agónica de la crisis: morir en fila por un saco de harina.
A la alerta sobre el colapso de los sistemas de agua potable, se suman cifras desgarradoras: más de 100 personas han perdido la vida en los últimos días intentando acceder a centros de distribución controlados por la llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización respaldada por EU e Israel cuya creación ha sido severamente cuestionada por agencias de la ONU y ONG tradicionales.
James Elder, portavoz de UNICEF, relató desde Ginebra casos de mujeres y niños heridos al intentar conseguir alimentos. Entre ellos, un niño que fue alcanzado por un proyectil de tanque y murió posteriormente. “Estamos muy por debajo del estándar de emergencia en términos de agua potable. Los niños empezarán a morir de sed”, advirtió Elder.
La guerra también mata por desinformación
El sistema tradicional de distribución coordinado por Naciones Unidas ha sido reemplazado —o marginado— por el GHF, una fundación opaca que publica horarios de reparto en Facebook, una plataforma a la que la mayoría de la población en Gaza no puede acceder por la falta de electricidad e internet.
Mientras Israel insiste en que sus tropas no disparan contra civiles que buscan ayuda, sino contra “sospechosos que representan una amenaza”, testigos entrevistados por The Guardian han confirmado que la mayoría de las víctimas eran personas desarmadas que simplemente querían comida o agua.
La situación ha degenerado al punto de que convoyes de Naciones Unidas han sido saqueados por civiles desesperados, en parte debido a la desconfianza hacia el nuevo sistema impuesto por Tel Aviv y a la anarquía creciente en el territorio.
Agua cortada
Según cifras recientes, solo el 40 % de las instalaciones de producción de agua potable sigue operando. El resto ha sido destruido o se encuentra inactivo por la falta de combustible, indispensable para hacer funcionar pozos y la única planta desalinizadora en pie.
La ONU ha recortado un 20 % el funcionamiento de sus instalaciones de agua, saneamiento e higiene en Gaza desde mayo. Los reservorios que se llenaron durante la pausa en los ataques están ahora agotados.
Desde marzo, cuando colapsó el cese al fuego, Israel no ha permitido la entrada de combustible a Gaza. En paralelo, los ataques aéreos han continuado: este viernes, 12 personas murieron en un bombardeo israelí sobre una vivienda de la familia Ayyash en Deir al-Balah, y el ejército israelí afirmó haber lanzado ataques sobre 300 “objetivos terroristas” en la semana.
Israel justifica la marginación de la ONU alegando que Hamas desviaba la ayuda. Sin embargo, organizaciones humanitarias han rechazado los señalamientos y consideran que el GHF es un modelo ineficiente, desorganizado y sin garantías éticas, al tiempo que perpetúa la dependencia de una población devastada.
El GHF asegura haber distribuido más de 30 millones de comidas “sin incidentes”, pero el dato contrasta con la evidencia en terreno: víctimas que mueren por intentar acceder a las raciones, caos en los puntos de entrega, y balas disparadas contra filas de hambre.