De acuerdo con información de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), los hondureños poseen “un alto riesgo” de ser sometidos a tortura a manos de policías y militares. El perfil más común de las víctimas es aquél del ciudadano cuyos derechos son menoscabados al momento de ser detenidos en postas policiales y centros penitenciarios.
En Honduras, se registraron 268 casos de tortura o “tratos crueles”, entre junio del año pasado y el presente mes. Evelyn Ramírez, representante del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), comentó que la debilidad estructural del sistema de justicia contribuye a que haya impunidad en la mayoría de estos asuntos.
Derechos que deberían ser irrevocables para el detenido, como el contar con una defensa legal desde el primer instante dela aprehensión o el que el Estado le asigne un abogado, son objeto de una omisión recurrente en el sistema de seguridad del país centroamericano.
Carlos Paz, representante de la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula, ha fungido como un portavoz de las víctimas de abuso perpetrado por la fuerzas policiales, con el propósito de compeler una confesión. Él se ha encontrado frente a testimonios de golpes en las plantas de los pies, sumergimientos violentos en agua y rostros cubiertos de bolsas que se asfixian.
La titular del CPTRT exhortó con urgencia al Estado hondureño a que ponga en marcha la erradicación de la tortura, cumpliendo la obligación que tiene para con las víctimas y sus familiares de resarcir el daño ocasionado.