La esperanza de agricultores y empresarios del campo de una amnistía para los indocumentados se desvaneció este martes, luego de que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, anunciara que todos los que no cuenten con papeles están sujetos a deportación.
“No habrá amnistía bajo ninguna circunstancia; las deportaciones masivas continúan, pero de manera estratégica e intencional, a medida que avanzamos hacia una mayor automatización (del campo) y una fuerza laboral 100 % estadounidense”.
Rollins echa por tierra así las propias palabras del presidente Donald Trump, quien señaló en junio que podría suspender las redadas en algunos sectores agrícolas, atendiendo a las preocupaciones de que las deportaciones masivas perturbarán seriamente el suministro de alimentos en Estados Unidos, con la consiguiente presión sobre los precios y la inflación.
“El presidente ha sido inequívoco en cuanto a que no habrá amnistía, y eso es muy importante. El resto de nuestro gabinete y yo ciertamente lo apoyamos, implementamos (sus políticas) y nos aseguramos de que se cumplan a diario”, declaró Rollins.
Sobre el modo de suplir el vacío que dejarán los trabajadores inmigrantes, declaró: “Pensándolo bien, hay 34 millones de adultos sanos y sin discapacidades en nuestro programa de Medicaid. Hay muchos trabajadores (legales) en Estados Unidos”.
Eso sí, matizó que “las deportaciones deben ser estratégicas para no comprometer el suministro de alimentos del país”.
Freno a terratenientes extranjeros
En la rueda de prensa, Rollins también afirmó que el Departamento de Agricultura de EU (USDA) pondrá freno a la compra de tierras agrícolas por parte de “rivales extranjeros”, entre ellos China.
“Los productos agrícolas no son sólo una mercancía, sino un estilo de vida que sustenta a Estados Unidos”, afirmó Rollins, quien aseguró que este estilo de vida se ve amenazado por “criminales, adversarios políticos y regímenes hostiles” que lo consideran “una amenaza profunda y existencial para ellos mismos”.
¿Agroterrorismo en EU?
En este contexto, la administración republicana ha puesto en marcha un ambicioso programa nacional para proteger las tierras agrícolas estadounidenses, el suministro de alimentos y la investigación agrícola frente a la influencia y el control de China y otros países considerados adversarios que será conocido como el Plan de Acción de Seguridad Agrícola Nacional de la USDA.
La medida surge tras la imputación federal de dos investigadores chinos en junio, acusados de intentar introducir en el país un hongo letal para cultivos, según el FBI.
A la presentación asistió Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, para destacar el papel de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes gestionan todos los productos que entran y salen de EU.
“Sus investigaciones e inspección de nuestros productos agrícolas son cruciales para garantizar que no nos enfrentemos a ninguna amenaza derivada de los productos que puedan ingresar al país”, dijo Noem.
En el caso de los ciudadanos chinos, identificados como Yunqing Jian y Zunyong Liu, el Deapartamento de Justicia (DOJ) comunicó que ambos fueron acusados en una denuncia penal de conspiración, contrabando de mercancías al país, declaraciones falsas y fraude de visas.
Jian fue arrestado por el FBI en relación al contrabando de un hongo llamado Fusarium graminearum, una “posible arma de agroterrorismo”.
La denuncia afirma que Jian recibió financiación del gobierno chino para su trabajo sobre este patógeno en el país asiático y alega que sus dispositivos electrónicos “contienen información que describe su afiliación y lealtad al Partido Comunista Chino”.