El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este sábado que las sanciones aplicadas por el gobierno estadunidense de Donald Trump a ocho de los 11 miembros de la Corte Suprema de Brasil, serían “otra medida arbitraria” adoptada tras el juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de golpista.
A través de un comunicado, Lula se solidarizó con los miembros del Supremo brasileño a los que EU les suspendió sus visas, en el marco del pulso que Trump mantiene con Brasil para rechazar el juicio por golpismo que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro.
El mandatario brasileño advirtió que “ningún tipo de intimidación o amenaza, de quien quiera que sea, va a comprometer la más importante misión de los poderes e instituciones nacionales, que es actuar permanentemente en la defensa y la preservación del Estado Democrático de Derecho”.
Lula resaltó que “la interferencia de un país en el sistema de Justicia de otro es inaceptable y hiere los principios básicos del respeto y la soberanía entre las naciones”.
PRESIÓN
Este viernes, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, anunció la revocación del visado al juez brasileño Alexandre de Moraes, así como el de su familia y sus “aliados”, por la supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro.
Esa decisión llegó después de que Moraes, relator del proceso por golpismo contra Bolsonaro, dictara diversas medidas cautelares contra el procesado exmandatario, que incluyeron el uso de una tobillera electrónica y la obligación de permanecer en su casa durante las noches y fines de semana, en el marco de una causa que investiga las gestiones, que junto a su hijo y diputado Eduardo, han hecho para “inducir” al Gobierno de EU a sancionar a Brasil.
La sanción anunciada por Rubio fue extendida a otros siete miembros del Supremo de Brasil, todos acusados por la ultraderecha de mantener una “persecución política” contra Bolsonaro.
Esa medida se ha sumado a la amenaza de Trump de aplicar aranceles del 50 % a Brasil a partir del 1 de agosto si no cesa la “caza de brujas” y se pone fin al proceso penal contra el líder de la extrema derecha. Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores responden ante el Supremo a acusaciones de “golpe de Estado”, “organización criminal armada”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “daño cualificado por violencia grave o amenaza” y “deterioro de patrimonio protegido”.
De acuerdo con la Fiscalía General, que actúa como parte acusadora, el complot contra la democracia habría comenzado tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula, cuya investidura se intentaba impedir.
La acusación dice que, tras fracasar los planes iniciales, se llegó al asalto a los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de ultras intentaron alentar a los militares a derrocar al nuevo Gobierno.