El dirigente social y candidato a diputado Juan Grabois anunció esta semana su intención de presentar una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el “desvío” —según sus palabras— del millón de dólares que acompañó al Premio Génesis entregado al mandatario en junio pasado en Jerusalén. La acusación se inserta en un cuadro político tenso, en el que el gobierno ya afronta cuestionamientos públicos por audios vinculados a la hermana del presidente y por disputas sobre transparencia en el manejo de fondos externos.
“CONFIRMADO: LOS MILEI SE AFANARON OTRO MILLÓN DE DÓLARES”, escribió Grabois en su cuenta de la red social X y difundió la denuncia por medios y plataformas afines. El líder de Patria Grande sostiene que el premio —conocido informalmente como el “Nobel judío” y dotado de un millón de dólares— no fue registrado como corresponde y que el monto, en rigor, debía pasar al patrimonio del Estado o ser registrado en los registros oficiales de obsequios y donaciones.
CONFIRMADO: LOS MILEI SE AFANARON OTRO MILLON DE DÓLARES
— Juan Grabois (@JuanGrabois) September 3, 2025
En el último viaje a Israel, Milei recibió el Genesis Prize: un millón de dólares. La ley argentina dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y… pic.twitter.com/dvMrZvU9s5
Qué se sabe del premio y del destino del dinero
El Genesis Prize Foundation confirmó en mayo y junio que el galardón 2025 fue otorgado a Javier Milei y que el monto es de 1 millón de dólares. En el momento de recibirlo, Milei anunció que destinaría el dinero a una iniciativa diplomática —bautizada por él “Isaac Accords” o “American Friends of the Isaac Accords”— para profundizar lazos entre Israel y países de América Latina, según el comunicado de la fundación y posteriores notas de agencias internacionales. También la Presidencia difundió la ceremonia como un hecho público.
Sin embargo, Grabois y medios que replicaron sus declaraciones sostienen que no hay constancia pública —al menos en los registros consultados por él— de que ese millón haya ingresado al patrimonio del Estado, ni de que se haya anotado en el “Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos” que administra la Oficina Anticorrupción. Algunos de esos medios reportan que Grabois aseguró que la transferencia habría pasado por una fundación con sede en Estados Unidos que él define como “trucha”.
Marco jurídico y el deber de registro
En la Argentina existe un marco normativo que regula obsequios y donaciones a funcionarios públicos. La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188) y su reglamentación —encabezada por decretos como el 1179/2016— establecen la prohibición general de recibir regalos por el ejercicio del cargo y fijan obligaciones de registro: los obsequios de valor significativo deben inscribirse y, si superan cierto umbral, incorporarse al patrimonio del Estado y destinarse a fines públicos. La Oficina Anticorrupción administra además un registro electrónico de obsequios y viajes pagados por terceros. Ese cuerpo legal es la base invocada por Grabois para sostener que el millón no podía quedar en manos privadas sin rendición ni registro.
En su discurso público, Grabois sostiene que hay ausencia de registro y que, por ley, esos fondos deberían haber quedado a disposición del Estado o haber sido administrados con protocolos de transparencia; por eso anunció que acudirá a la Justicia. Los comunicados y notas periodísticas reprodujeron el mensaje difundido por Grabois.
Por su parte, la Genesis Prize Foundation y la propia comunicación oficial durante la entrega consignaron que el premio se entregó y que el dinero se destinaría a iniciativas de cooperación e intercambio; la Presidencia difundió asimismo la recepción y la voluntad de aplicar el monto en la iniciativa diplomática. Hasta ahora no se ha difundido públicamente —al menos en los registros abiertos citados por la prensa— un comprobante público o un asiento registral que documente la operatoria financiera en la Argentina o su incorporación al patrimonio estatal.
Algunos medios mencionan que desde la Casa Rosada se defendió la destinación “donada” del premio, pero la falta de publicación de evidencias sobre el registro alimenta la controversia.
Si Grabois concreta la denuncia penal, la Justicia deberá definir qué tipicidad, en su caso, se investiga: desde una irregularidad administrativa (omisión de registro, incumplimiento del régimen de obsequios) hasta eventuales delitos vinculados con la apropiación indebida o el enriquecimiento ilícito, según cómo se califique la operatoria y los hechos probados.