Búsqueda
Por primera vez en más de seis años, las fiscalías estatales se sumaron al llamado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza. Omar García Harfuch, para coordinar acciones contra delitos de alto impacto en el país.
Durante la LI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que preside el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se acordó con García Harfuch, entre otros puntos, continuar con el trabajo coordinado entre la FGR, la dependencia que él encabeza y al que se sumarán las fiscalías y procuradurías de los estados que no lo hacían.
Tras el encuentro se informó que se trabajará “en la ruta de impulso a los esquemas estratégicos de colaboración para objetivos comunes en materia de seguridad”.
Omar García Harfuch recalcó la importancia de continuar con la comunicación, coordinación y cooperación entre instituciones, lo que ha sido un eje fundamental del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El funcionario federal también destacó que la relación con la FGR y con las fiscalías estatales se ha ido fortaleciendo cada vez más en este corto periodo, “pues se han tenido resultados contundentes que fortalecen a las instituciones de seguridad”, aunque no presumió ninguno en específico.
Este encuentro también ocurre horas después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad de 441 votos reformar la Constitución para establecer en el artículo 21 que la SSPC tiene facultades para indagar delitos de alto impacto.
La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, que tras aprobarla la semana pasada la remitió a San Lázaro.
El dictamen ya se encuentra en los Congresos estatales para su discusión y aprobación.
Establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esa función.
Precisa que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, mismos que serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.
Además, el Sistema contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.