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Se constituye el Tribunal de Disciplina Judicial al que la oposición acusó de “un tribunal de la Santa Inquisición”por su facultad de sancionar juzgadores.

Reforma judicial ya tiene leyes secundarias; Senado aprueba paquete de normas

Senadores morenistas votando leyes secundarias de la reforma judicial (Senado)

El pleno del Senado aprobó un paquete de dos nuevas normas y la modificación a una más como parte de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial que entre otras cosas establece la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial, un ente con independencia y autonomía técnica y de gestión para emitir sus resoluciones.

En primera instancia, con 79 votos en pro y 31 en contra, Morena y sus aliados dieron su aval a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación donde se constituye el Tribunal de Disciplina Judicial, especializado en velar por la independencia, imparcialidad, honestidad y la integridad de la justicia que también podrá sancionar.

La integración de este tribunal generó críticas de la oposición, quien acusó que Morena pretende imponer un Tribunal de la Santa Inquisición con estas leyes secundarias.

“Sobre la Ley de Responsabilidades y su Tribunal de Disciplina Judicial no hay que no hayamos dicho antes, es su Tribunal de la Santa Inquisición, la verdad y única función de este tribunal será estar a la caza de ministras, de magistrados, de jueces que no se alineen a sus órdenes”, acusó la panista, Laura Esquivel

La priista Claudia Anaya coincidió y recalcó que este Tribunal Disciplinario puede convertirse en inquisitorio y puede generar problemas en la independencia judicial.

La morenista Guadalupe Chavira, reconoció que este tribunal sí perseguirá a juzgadores del neoliberalismo.

“Va a contar con órganos auxiliares para el desempeño de sus funciones y uno especializado en investigar a todos estos jueces y juezas que en el futuro y en el pasado neoliberal fueron cómplices e incluso lograron la protección de algunos que tuvieron que irse al exilio porque tuvieron miedo de permanecer en el país para dar cuenta a la justicia”.

Esta nueva Ley Orgánica determina la nueva forma de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con nueve ministras y ministros y sin división de salas.

Con 75 votos en pro y 32 en contra el pleno aprobó la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, para establecer las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas servidoras públicas bajo los principios de independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización.

La carrera judicial comprenderá el ingreso, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación en el cargo del personal.

Se crea el Registro único de Personas Servidoras Públicas de la Carrera Judicial como un padrón que contendrá información básica y técnica en materia de recursos humanos del personal perteneciente a la carrera judicial.

La Escuela Judicial será responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial y administrativo del Poder Judicial de la Federación, sus órganos auxiliares y, en su caso, del personal de los poderes judiciales locales, fiscalías, defensorías públicas, organismos de protección de derechos humanos, instituciones de seguridad pública y del público en general, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial.

El tercer y último dictamen que aprobó el pleno, con 73 votos en pro y 31 en contra, fue el relativo a las modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Se establece que las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos, mismos que rigen el servicio público.

Estipula que tratándose de las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan.

Las minutas fueron enviadas a la Cámara de Diputados para los efectos legislativos que correspondan.

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