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Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó la delimitación territorial en que se distribuirá la ciudadanía para su participación en la elección del 1 de junio de 2025 cuando está convocada a elegir a jueces, magistrados y ministros, conforme la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, sometió a discusión de la Sala Superior el proyecto de resolución del acuerdo controvertido en el que rechazó argumentos infundados respecto a agravios tendentes a cuestionar la competencia del citado Instituto para determinar la geografía electoral.
Soto Fregoso dejó en claro que constitucionalmente el INE es la autoridad encargada de esa tarea para fines comiciales.
“Es inexacto que el acuerdo sea incongruente y que vulnere el derecho de las personas a votar y ser votadas para la elección. Por estas y otras razones contenidas en el proyecto es que se propone confirmar la decisión impugnada”, sostuvo.
Así, el pleno del TEPJF determinó que el INE está facultado para emitir el acuerdo controvertido, pese a que hubiera iniciado el proceso para la elección de personas juzgadoras, ya que de acuerdo con la Constitución es la autoridad a la que corresponde definir la geografía para fines comiciales.
Advirtió que la competencia del órgano electoral está expedita para realizar tales acciones en el momento que lo considere pertinente según la calendarización, sin perjuicio de considerar la información que en su momento le remita el Consejo de la Judicatura Federal.
Los magistrados señalaron que no se actualizó la incongruencia denunciada porque las previsiones tomadas por el INE fueron preliminares y necesarias para avanzar en la organización del proceso comicial, pues el acuerdo impugnado no vulneró el derecho al sufragio en su doble aspecto: el de las personas aspirantes a un cargo judicial ni de quienes habrán de elegirlas.
La Sala Superior también puntualizó la intención fue simplificar la distribución de cargos en los circuitos judiciales en atención a los distritos judiciales electorales, así como el diseño y producción de los documentos correspondientes, facilitar a la ciudadanía la emisión del voto y reducir la complejidad de los cómputos.
