Búsqueda
La federación enfrenta un revés judicial tras perder un juicio relacionado con el tramo 6 del Tren Maya, que conecta Tulum con Chetumal. La disputa surgió luego de que la Sedena rescindiera un contrato con la empresa Energía Solar y Proyectos de Ingeniería, argumentando retrasos en la entrega de balasto, un material esencial para la construcción ferroviaria.
El conflicto comenzó cuando se exigió la devolución de un anticipo de 86 millones de pesos, parte de un contrato firmado en octubre de 2022, por un total de 535 millones de pesos. El acuerdo estipulaba la entrega de más de 208 mil metros cúbicos de balasto para el tramo mencionado, con fechas límite en marzo y abril de 2023. Sin embargo, la empresa no cumplió debido a factores externos: las lluvias intensas en Veracruz dañaron el puente de acceso a la mina de extracción, retrasando los plazos hasta junio.
Un fallo a favor de la empresa
La empresa presentó un juicio de nulidad administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), argumentando que los retrasos obedecieron a un “caso fortuito de fuerza mayor”. El tribunal determinó que la rescisión del contrato carecía de validez legal, ya que el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros de la Sedena, carecía de facultades para firmar tal decisión.
El fallo, emitido por la Sala Superior del TFJA, anuló la pretensión de recuperar el monto anticipado. En su sentencia, el tribunal concluyó que la Sedena no otorgó al general Vallejo las atribuciones necesarias en 2019, lo que invalidó el procedimiento de rescisión.
Impacto en el avance del Tren Maya
Aunque el tramo 6 del Tren Maya ya opera parcialmente, aún enfrenta retrasos significativos. La infraestructura no ha sido completada en su totalidad, y la venta de boletos para algunas rutas sigue sin habilitarse. Este tramo es clave para cerrar el circuito ferroviario del proyecto que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, había entregado antes de terminar su mandato.
El balasto, material fundamental para estabilizar las vías ferroviarias, quedó en el centro de este conflicto. Si bien el suministro finalmente se reanudó, los retrasos complicaron los tiempos de entrega de la obra.
Con este fallo, la federación no tiene más recursos legales para recuperar los 86 millones de pesos, y el caso se da por cerrado. Esta decisión señala los retos para cumplir con procedimientos administrativos y legales de un proyecto de gran envergadura como el Tren Maya. Mientras tanto, los esfuerzos por completar el tramo 6 continúan, dejando en evidencia serios problemas logísticos y administrativos.