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El Gobierno Federal ha oficializado la reforma a la Ley del Infonavit, otorgando nuevamente al Instituto la facultad de construir vivienda social para los trabajadores. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación entrará en vigor el 22 de febrero y contempla la creación de una empresa filial para gestionar los proyectos habitacionales.
Con esta medida, el Infonavit no solo podrá desarrollar viviendas, sino también implementar un programa de arrendamiento social, permitiendo a los derechohabientes acceder a una renta mensual que no supere el 30% de su salario neto. Esta iniciativa busca atender la creciente demanda de vivienda digna y accesible en el país.
Creación de empresa filial y financiamiento
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, tiene un plazo de 30 días para constituir la nueva filial, cuya propiedad mayoritaria recaerá en el Instituto. El financiamiento de esta empresa provendrá del presupuesto operativo y de vigilancia del organismo para 2024.
Además, la Asamblea General y el Consejo de Administración del Infonavit deberán definir, en un plazo máximo de 180 días, las reglas y criterios para la asignación de viviendas bajo el esquema de arrendamiento social. Se estima que, como parte del plan gubernamental, el Infonavit construya al menos 500,000 viviendas durante el sexenio.
La reforma mantiene la estructura tripartita del Infonavit, con representación de trabajadores, empleadores y el gobierno. La Asamblea General seguirá siendo el órgano máximo de decisión, conformada por 30 integrantes de los tres sectores. El Consejo de Administración, por su parte, contará con 12 miembros y tomará decisiones estratégicas para el funcionamiento del Instituto.
En cuanto a la fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación supervisará la gestión de recursos relacionados con la construcción y administración de vivienda. No obstante, los fondos de las subcuentas individuales de los trabajadores no serán objeto de auditoría, lo que ha generado inquietudes en algunos sectores.
Debate y cuestionamientos
Si bien la reforma fue aprobada en el Senado el pasado 13 de febrero, ha sido objeto de críticas por parte de sindicatos y organizaciones empresariales. Un punto de controversia es que la empresa filial que gestionará los proyectos inmobiliarios no será considerada una entidad paraestatal, lo que limita su supervisión y control.
Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá establecer en los próximos 15 días los lineamientos para la designación de representantes de trabajadores y empleadores en la Asamblea General, garantizando la representación equitativa de los sectores involucrados.