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El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó su preocupación por las recientes investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra jueces federales en México, quienes habían otorgado suspensiones en contra de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024.
En un pronunciamiento público, el Colegio de Abogados calificó estas acciones como una amenaza directa a la independencia judicial, alertando que la criminalización de jueces contradice los estándares internacionales y podría poner en riesgo el cumplimiento de México con sus obligaciones en materia de Estado de derecho y derechos humanos.
Reforma judicial
La reforma judicial, impulsada y aprobada en un proceso acelerado, modificó la estructura del Poder Judicial de la Federación, redujo el número de ministros de la Suprema Corte, estableció la elección popular de jueces y sustituyó a todos los jueces en funciones. Sin embargo, organismos nacionales e internacionales han señalado que la falta de claridad en los procesos de selección y supervisión podría abrir la puerta a la politización del sistema judicial e incluso a la influencia del crimen organizado en la elección de jueces.
En este contexto, varios jueces federales otorgaron suspensiones para frenar la implementación de la reforma, lo que llevó a la FGR a abrir carpetas de investigación en su contra. Los casos más destacados son los de Sergio Santamaría Chamú y María Gabriela Ruiz Márquez, quienes han sido señalados por presuntamente exceder sus facultades al emitir resoluciones que afectaban el proceso de reforma.
Criminalización de jueces
El Colegio de Abogados de Nueva York advirtió que las investigaciones contra jueces por sus decisiones judiciales constituyen un precedente peligroso, pues envían un mensaje de intimidación a los integrantes del Poder Judicial y debilitan la confianza en la imparcialidad de la justicia.
A esta postura se han sumado organismos como el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que calificó la persecución penal como una medida arbitraria, así como decenas de abogados que han firmado cartas en rechazo a estas acciones.
El documento también señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados han monitoreado de cerca la situación en México, recordando que la suspensión o remoción de jueces solo puede darse por razones legítimas y no como represalia por sus fallos.
Llamado a respetar la independencia judicial
Ante este panorama, el Colegio de Abogados de Nueva York ha instado a las autoridades mexicanas a detener de inmediato cualquier acción de criminalización contra jueces, garantizar su seguridad y reforzar las garantías de independencia judicial.
“La comunidad internacional está observando de cerca las acciones de las autoridades mexicanas en este caso”, advirtió el documento, señalando que la manera en que se resuelva este conflicto será clave para evaluar el compromiso de México con el Estado de derecho y la protección de las instituciones democráticas.