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Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos expresaron su preocupación por que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúe con la negativa de reconocer que en México se cometen desapariciones forzadas, y advirtieron que “esta política negacionista del gobierno de la 4T “ sobre este tema, trae como consecuencia una gran impunidad y la falta de acceso a la verdad.
Recordaron a Sheinbaum que la desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos, que no prescribe y el Estado sigue siendo responsable del cometido de este grave crimen.
“Es decir, no existen desapariciones forzadas del pasado, cada desaparición forzada cometida en sexenios anteriores se sigue cometiendo hoy en día”, recordaron.
Le recordaron a Sheinbaum que tan sólo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los últimos dos años de su mandato, se cometieron 15 desapariciones forzadas contra personas defensoras de derechos humanos.
“La política negacionista del gobierno de la 4T con relación a este tema (desapariciones forzadas) ha traído como consecuencia una gran impunidad y la falta de acceso a la verdad”, acusaron
Las Ongs entre las que se encuentran el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comité Cerezo México, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), entre otras, recalcaron que lo ocurrido en el Rancho Izaguirre en Jalisco es una muestra que se sigue cometiendo esta grave violación a los derechos humanos contra el pueblo no organizado.
Otro caso—agregaron—es el caso de 14 elementos de la Guardia Nacional que el 27 de marzo de 2022 desaparecieron de manera forzada y ejecutaron a una persona en el municipio de Vicente Guerrero en Durango, acto que quedó asentado en la recomendación de la CNDH.
“Es decir, el Estado desaparece a través de terceros, de particulares con su consentimiento, autorización o mandato”, acusaron
ALERTA
Las Ongs también alertaron que de ser aprobada la reforma contra las desapariciones que presentó Sheinbaum , sin tomar en cuenta los riesgos, lejos de ser un paso para la erradicación de la práctica de la desaparición forzada será un instrumento para garantizar una mayor impunidad y el cometido de nuevas violaciones a los derechos humanos.
Advirtieron que las reformas planteadas a la Ley General vulneran varios derechos fundamentales, en tanto dichas reformas están pensadas desde la visión de atender las desapariciones forzadas, que a su vez niegan que existan, como un problema de seguridad nacional.
Ello—insistieron-- trae como consecuencia, la violación del derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, a la libertad, y más grave aún el derecho a la justicia.
Detalln que el problema de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares no se resuelve dándole más poder al Centro Nacional de Inteligencia, instancia de gobierno que viola los derechos humanos y que es utilizado para el espionaje político.
“Si se quitara el manto de impunidad a las Fuerzas Armadas y a los funcionarios federales y estatales que ha cometido las desapariciones forzadas sería un primer paso para realmente frenar las desapariciones forzadas”, establecieron